La proposición de ley presentada por el PSOE contempla sanciones de entre 50 y 100 millones de pesetas para las infracciones muy graves, y de hasta 50 millones para las graves y leves.

Constituye una infracción muy grave, entre otras, superar los cupos de producción de bromuro de metilo -sustancia destructora de la capa de ozono que se utiliza en la agricultura- que una empresa tenga asignados en una cantidad superior al 10 por ciento.

La propuesta socialista establece que la Administración podá llegar a clausurar temporal o definitivamente la actividad de la empresa.