La iniciativa parte de dos situaciones que ha denunciado el PSOE en los últimos días. En primer lugar, la venta de 13 edificios pertenecientes a la Fundación Fusara, entidad vinculada a la Archidiócesis de Madrid, a sociedades cuyos responsables, según el PSOE, "se encuentran imputados por presunta estafa". Esta operación podría afectar a más de 200 familias residentes en barrios como Fuencarral, San Bernardo o Delicias, que temen perder sus hogares o ver transformado el uso residencial de sus viviendas.

Por otra parte, 220 viviendas situadas en el barrio del Ensanche de Vallecas (distrito de Villa de Vallecas), hasta ahora gestionadas como alquiler social por la Fundación "la Caixa", que ahora se han vendido a la empresa Mosaic Propco S.L.U., un fondo de inversión. Esta operación, lamentan los socialistas en un comunicado, "pone en grave riesgo el derecho a la vivienda de numerosas familias trabajadoras y vulnerables, que podrían verse en la calle ante la negativa del nuevo propietario a renovar los contratos".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, visitó este jueves a los vecinos de la segunda promoción y preguntó retóricamente "cuál es la responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid ante el problema de garantía de derecho de la vivienda y sobre todo de vecinos y vecinas que se ven desamparados ante proyectos especulativos".

Por todo ello, exigen al Ayuntamiento una posición "clara y coherente" para "proteger a los vecinos actuales frente a operaciones especulativas de venta y desahucio". Como medidas, proponen impulsar la creación de un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social, que establezca mecanismos de acompañamiento, información, mediación y evaluación social en toda operación que pueda afectar a familias residentes, con el fin de prevenir desahucios, cambios de uso especulativos y pérdida de vivienda asequible.

También que el Consistorio y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ejerzan de forma prioritaria los derechos de tanteo y retracto en transmisiones de edificios o conjuntos residenciales con contratos de alquiler social, incorporando dichas viviendas al parque público municipal de la EMVS. Asimismo, que se cree una Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social, dependiente del Área de Políticas de Vivienda, encargada de registrar, supervisar y emitir informes sobre el cumplimiento de la función social de la vivienda en la ciudad.

Con respecto a las dos situaciones concretas, los socialistas pedirán en el Pleno que se habilite una vía de intermediación institucional respecto a las operaciones inmobiliarias que afectan a la Fundación Fusara y a la Fundación "la Caixa", con el fin de proteger a las familias residentes, garantizar la continuidad del uso residencial de los inmuebles y promover soluciones negociadas que eviten desahucios o pérdidas de vivienda asequible. Esta intermediación se realizará en coordinación con los Servicios Sociales Municipales y las entidades afectadas, asegurando la participación de los vecinos en el proceso.

EJERCICIO DE HIPOCRESÍA

Para la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, este es "el enésimo ejercicio de hipocresía y de doble moral de la izquierda", que a pesar de proponer estas medidas está "vendiendo solares a lo que ellos denominan fondos buitres" por medio del Gobierno de España. Se refirió también a una situación similar ocurrida con la Sareb recientemente y a la venta a través de Adif y Renfe de suelo en la zona de Madrid Nuevo Norte a "supuestos fondos buitre".

"Ya está bien de hipocresía, de doble moral, ya está bien de que vendan todo lo público cuando a ellos les interesa y, sin embargo, luego vengan a exigir a los demás determinadas cuestiones. Creo que no hay un gobierno en España que esté haciendo un esfuerzo mayor en materia de vivienda", zanjó refiriéndose al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.