Cobo considera que la participación en esta financiación debe hacerse de acuerdo con los mismos índices en todo los casos, con las mismas limitaciones y garantías.

En su opinión, de esta forma se cumple con lo dispuesto en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y se evita que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha (que no aceptaron la propuesta del Gobierno para el periodo 1997-2001) se vean sometidas a una imposición por parte del Estado.