Los portavoces de Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y PNV sí se manifestaron a favor de su tramitación.

La propuesta, que avalaron 611.821 firmas presentadas ante la Junta Electoral Central en 2022, retomó su trámite hoy ante la Comisión del ramo, donde tres portavoces de la plataforma volvieron a defenderla.

Según el socialista Luc André Diof, la UE no permite una regularización "generalizada" de personas migrantes. "Lo que se nos permite ahora es lo que estamos haciendo, que es la reforma del reglamento de extranjería", e insistió en que el Gobierno seguirá trabajando para fomentar "una inmigración circular".

La también diputada socialista Elisa Garrido precisó que "lo que ha hecho el Gobierno a través de las modificaciones del reglamento de extranjería son regularizaciones de una manera transparente, conocida, eficaz y ajustada a derecho, de tal manera que todos los agentes que participan en esta cuestión las conocen perfectamente y saben cómo utilizarlas".

Para Sofía Acedo, del PP, este “no es el momento” de plantear una medida así, con llegadas de migrantes a diario a las costas. "No es la vía adecuada para el control de flujos migratorios irregulares y tampoco para corregir la irregularidad", afirmó.

Por su parte, Rocío de Meer (Vox) tachó la iniciativa de “gran irresponsabilidad” y alertó de que puede generar “un importante efecto llamada”.

Vicens Vidal, de Sumar, sí respaldó la propuesta y pidió al PSOE “claridad” y adoptar una posición al respecto. "No se queden en lo fácil de criticar los discursos xenófobos y de ultraderecha que han hecho el Partido Popular y Vox”, exigió.

Desde PNV y Bildu apelaron a los derechos humanos y a la “ética” para respaldar la petición, mientras que Jordi Salvador, de ERC, defendió tramitar la ILP “por respeto a las firmas recogidas”. "Si quieren hacemos un debate más profundo, donde puede haber enmiendas”, admitió, pero “rechazar esta ley es de una indignidad brutal".

DEFENSA

Durante la defensa de la ILP, Yolanda Edith Espínola aseguró que la regularización es “una cuestión de coherencia, de democracia, de justicia social y de crecimiento económico”. A su juicio, la irregularidad condena a miles de personas a "la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto" de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.

Agregó que una tercera parte de las personas en esta situación son menores de edad, que ven así vulnerados “sus derechos más básicos”.

Lamentó “la “lentitud” de los procesos ordinarios de regularización y destacó que esta no sería la primera vez, puesto que desde 1996 se han llevado a cabo nueve regularizaciones extraordinarias, de menor o mayor calado. “Sean valientes, señorías”, reclamó, porque “es lo único de lo que no se van a arrepentir. Regularización ya, señorías", concluyó.

En opinión de Gonzalo Fanjul, desde el Ejecutivo “reconocen” que la regularización es “necesaria y urgente, pero no se atreven a plantearlo de manera pública y lo hacen de forma encubierta".

Finalmente, Aziz Faye defendió la iniciativa no solo para garantizar “una vida digna” a quienes ya están aquí, sino para "cambiar las reglas del juego". A su juicio, “la abstención no puede ser una opción para ninguna fuerza política”.

Hasta 80 ayuntamientos como Barcelona, Valencia, Bilbao o Santiago de Compostela, el Cabildo de Tenerife, la Diputación de Cádiz y el Parlamento Vasco avalaron también la ILP.