En rueda de prensa hoy en el Senado, la diputada socialista Teresa Fernández de la Vega, explicó que con la desaparición en el año 2003 del servicio militar obligatorio, según lo previsto por el Gobierno, la penalización de la insumisión "no se podía sostener desde la pespectiva de lo quese consideran en el derecho penal los principios de intervención mínima, razonabilidad y proporcionalidad en cuanto a las sanciones".

El objetivo inicial de la proposición de ley es sacar del Código Penal la actual relación de conductas punitivas en relación con la insumisión que, a juicio de Fernández de la Vega, "no se mantienen desde la perspectiva del derecho penal, y por tanto, no es razonable seguir manteniendo".

En la iniciativa legislativa de los socialistas se propone la derogación de lo artículos 527, 528 y 604 del Código Penal, referidos a la penalización de la insumsión, y el traslado de las normas que regulan estas obligaciones, así como la infracción atribuibles por incumplimiento de las mismas al derecho administrativo.

Por esta razón, se hace necesario asimismo modificar el régimen de infracciones y sanciones en materia de objeción de conciencia y del servicio militar. Al respecto, la proposición regula la insumisión como infracción muy grave, que será penalizada con la pérdid definitiva e imposibilidad de obtener cualquier honor, empleo o cargo público, así como la del acceso a becas, ayudas o subvenciones de cualquier tipo durante un tiempo de cuatro a seis años.

De acuerdo con la proposición de ley, será el Gobierno el que tenga que juzgar y decidir sobre los comportamientos de los insumisos, para lo cual deberá redactar y aprobar el pertinente reglamento que desarrolle las nuevas infracciones administrativas, así como los órganos que deberán juzgar e imponerlas.

Aí, la conductas que estaban reguladas en el Código Penal se trasladan en la propisición socialista a la Ley de Objeción de Conciencia y a la del Servicio Militar, estableciendo una serie de sanciones por esas conductas equivalente en función de la gravedad o no de las mismas.

Lejos de crear un marco de inseguridad jurídica en relación con la insumisión, el PSOE dota a la proposición de ley de un tratamiento punitivo "suficientemente disuasorio", según indicó el portavoz socialista de Defensa, Pedro Moa.