Lo anunciaron en rueda de prensa en la Cámara Baja el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo; y el portavoz de Interior y Justicia de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago. Ahora se abrirá el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a la iniciativa.

Rallo quiso subrayar que el acuerdo incluye mantener el delito de enaltecimiento del terrorismo recogido en el artículo 548 del Código Penal, que el texto original de Sumar también eliminaba, e incorpora la eliminación del delito de calumnias a los parlamentos autonómicos, que no aparecía en la proposición primigenia. Sin embargo, en Sumar no garantizan que apoyarán las enmiendas que presente el PSOE para modificar lo que contenía la proposición de ley que ellos registraron.

El acuerdo consiste, por un lado, en la derogación de los delitos agravados de injurias y calumnias a la Corona, eliminando los artículos 490.3 y 491 del Código Penal; por otro, en la derogación del artículo 496 del Código Penal relativo a las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas.

También en la modificación del artículo 504 del Código Penal para eliminar el delito de calumnias e injurias dirigidas contra las instituciones del Estado (Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, tribunales superiores de Justicia, Ejércitos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad). Se mantiene sólo el delito de fuerza, violencia o intimidación para impedir la los miembros de estas instituciones acceder a ellas o las amenazas graves. Finalmente, se deroga el artículo 543 de ofensas o ultrajes a los símbolos nacionales.

Santiago, quien expuso los detalles de la reforma, criticó que los gobiernos de Mariano Rajoy "levantaron todo un sistema de leyes mordaza para prohibir, limitar, sancionar duramente la protesta social, la libertad de expresión, los derechos civiles y políticos básicos".

No obstante, reconoció que ya antes el Código Penal se utilizaba "para limitar expresiones que, al margen de que puedan resultar más o menos inapropiadas, en una democracia no pueden ser perseguidas penalmente", contraviniendo las directrices de Naciones Unidas, la UE y hasta el Tribunal Constitucional. Por eso, considera que esta reforma es una "urgencia democrática".

OTRAS PROTECCIONES

Rallo quiso puntualizar, además del mantenimiento del delito de enaltecimiento del terrorismo, que "todas estas propuestas de supresión de delitos en modo alguno van a debilitar la la defensa de nuestras instituciones, porque sigue existiendo una respuesta y una protección penal en el título 11 referido a los delitos contra el honor que abarcan a toda la ciudadanía". Por eso, "todas las instituciones siguen protegidas por el delito genérico de injurias y calumnias y por los delitos de odio".

El diputado socialista aceptó que "existan límites a la libertad de expresión", pero precisó que "deben responder a una finalidad legítima", "ponderar la colisión con otros derechos", y "estar justificados y proporcionados y nunca restringir el debate público y la participación ciudadana". Citó al TC y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para justificar "la crítica desabrida, molesta e hiriente", la "exagerada", "virulenta" y "mordaz", e incluso "el mal gusto".

Urtasun, por su parte, dijo que desde que es ministro "el combate de cualquier forma de censura ha sido una absoluta prioridad" para él. Y quiso poner en valor que "esta reforma no desprotege absolutamente a nadie" sino que "lo que hace es reforzar nuestra libertad, porque el debate público no puede desarrollarse bajo la amenaza permanente de una condena penal".

A preguntas de los periodistas, Rallo justificó que el desbloqueo de esta ley llegue ahora y no antes alegando que "el paquete de iniciativas pendientes de tramitación en esta cámara es muy abultado", mientras que Urtasun reiteró el estribillo habitual de Sumar de que "el año que queda de legislatura le tiene que valer la pena a la gente". Sobre este tema en concreto, enjuició que habría sido "absolutamente imperdonable" no derogar estos artículos del Código Penal.

El ministro apuntó que, aunque en otros temas hay dificultad para armar mayorías, "hay una clara mayoría para las cuestiones de derechos y libertades y esa mayoría debe ser usada· Por su parte, Santiago dijo no tener ninguna duda del apoyo de Junts per Catalunya y el resto de grupos parlamentarios que permitieron la toma en consideración de la iniciativa en diciembre de 2023.

Preguntados también si esta apuesta por la libertad de expresión es coherente con la prohibición de determinados mensajes en la Ley de Memoria Democrática, Rallo puntualizó que esta norma sólo prohíbe apologías del franquismo cuando llevan aparejada la humillación de personas y Santiago que dicha ley prevé sanciones administrativas y en ningún caso penales.

Urtasun y Santiago rehusaron responder a preguntas sobre los presuntos casos de corrupción del PSOE por hallarse en la comparecencia con un diputado del Grupo Socialista y emplazaron a otras convocatorias de prensa para hacer las correspondientes valoraciones.