Fuentes del PP consideran que el Ejecutivo “lamina” y “secuestra” el Poder Legislativo a través de estas acciones y avanzan que en el seno de la formación se plantean cualquier iniciativa para revertir esta situación. Incluso, se abren a pedir amparo ante el Tribunal Constitucional por una posible vulneración de sus derechos.

Entre otras cosas, los populares cargan contra el Ejecutivo por su “abuso” del real decreto-ley –ha promulgado 129 desde 2018, uno menos que Felipe González en 14 años de gobierno– y subrayan el incumplimiento de sus “promesas” con los distintos grupos parlamentarios, con los que se comprometió en distintas votaciones a tramitarlos como proyectos de ley a cambio de su 'sí'.

Cuando los reales decretos-leyes son convalidados en la Cámara Baja, el Congreso tiene la posibilidad de tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia para introducir sus aportaciones al texto. Cabe recordar que el decreto es una norma con rango de ley que el Ejecutivo puede impulsar sin la autorización del Parlamento porque se supone que la materia a legislar es “de extraordinaria y urgente necesidad”.

El Poder Legislativo debe ratificar el decreto en un plazo de 30 días desde su entrada a vigor a través de su convalidación, aunque cuenta con la posibilidad de convertirlo en proyecto de ley para así poder modificar el texto confeccionado por el Ejecutivo. Esta conversión se hace por el procedimiento de urgencia –por la naturaleza del propio decreto– con el objetivo de introducir las enmiendas lo antes posible. Por contra, no requiere de informes preceptivos.

UN EJECUTIVO “CONVALIDADOR”

Sin embargo, desde el PP denunciaron que PSOE y Unidas Podemos imposibilitan el debate de las modificaciones propuestas por los grupos parlamentarias, al extender “sine die” el plazo de presentación enmiendas en la Mesa del Congreso. El Reglamento de la Cámara Baja no contempla ningún límite temporal y permite al órgano rector ampliar este periodo el tiempo que considere oportuno.

El caso más llamativo es el proyecto de ley que recoge las medidas de reactivación económica en materia de transporte y vivienda que el Gobierno aprobó en julio de 2020 –hace más de dos años– para hacer frente a los efectos de la pandemia de la covid-19 y que en la actualidad sigue “paralizada”. En total, la Mesa del Congreso ha aprobado hasta 79 ampliaciones del periodo de enmiendas.

Hay otros cuatro decretos-leyes tramitados como proyectos de ley que superan las 60 extensiones y solo tres de las 21 iniciativas “paralizadas” van por su primer plazo. Las demás encadenan al menos 10 semanas en la Mesa de la Cámara. Todo ello, con minoría parlamentaria.

“Es un atropello al Congreso. Y no es una hipérbole”, lamentó uno de los miembros de la dirección del PP en la Cámara Baja. “Convierten lo excepcional en lo habitual. Una cosa es que se quiera imponer una ideología concreta y otra que nosotros los consistamos”, añadió otro perfil destacado de los populares en el Congreso para justificar el inicio de esta ofensiva. “No ha pasado en 44 años de democracia y el Reglamento del Congreso era el mismo”, sentenció otro diputado.

LEYES DE UNIDAS PODEMOS

Por otro lado, los populares inculparon también al Gobierno de utilizar la tramitación de sus proyectos de ley por el procedimiento de urgencia para ignorar los posibles informes preceptivos que se presenten ante sus iniciativas legislativas, y evitar las comparecencias de la sociedad civil en el debate de las leyes.

En concreto, se refieren a la conocida como 'ley trans', la ley del empleo, la ley de bienestar animal --y la consecuente modificación del Código Penal-- y la ley del aborto; todas impulsadas por Unidas Podemos. “Deberían tener una motivación más allá de los intereses electorales. Se acortan todos los plazos y se influye en la actividad del Legislativo”, indicaron las mismas fuentes. “Se producen debates muy acelerados, sin participación de la sociedad en el mismo”.

Los populares garantizaron en este contexto que van a “dar la batalla” para reforzar al Poder Legislativo frente al Ejecutivo y, además de poner en conocimiento de los medios de comunicación estos hechos, han registrado las primeras solicitudes en el Congreso para detener la tramitación de algunas de estas leyes hasta que el Ejecutivo reciba los informes preceptivos de cada texto legislativo y escuche a los sectores de la sociedad implicados.

GRAVAMEN A ENERGÉTICAS Y BANCOS

La situación es similar con la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos registraron para establecer un nuevo impuesto temporal a las grandes energéticas y entidades bancarias durante la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Los populares han criticado la decisión de los partidos del Gobierno de presentar estos dos nuevos tributos a través de este mecanismo legislativo que no requiere de informes preceptivos.

En Génova, consideran que estas valoraciones son necesarios para llevar a cabo una iniciativa de estas características, por lo que han urgido al Ejecutivo a recoger la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el impuesto a las energéticas, y las del Banco de España y el Banco Central Europeo en lo que se refiere al de las entidades financieras.