Tras presentar la proposición conjunta para tramitar esta iniciativa acordada por las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición, el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendió la implantación de estos dos impuestos porque “mientras hay muchas personas y empresas que están sufriendo las consecuencias de la guerra y la inflación, otras empresas están obteniendo beneficios extraordinarios”.

En esta línea, López aseguró que “no vamos a cargarnos a ninguna entidad financiera” con esta nueva figura fiscal, recordando que el sector financiero “se llevó 60.000 millones de euros del dinero público” con el rescate a la banca durante la crisis financiera y que en 2021 registró unos beneficios de 20.000 millones de euros, mientras que los de las energéticas alcanzaron los 9.000 millones.

Por ello, López argumentó que “un gobierno progresista debe redistribuir de manera justa” la riqueza y, en estos momentos, “repartir de manera equitativa los costes” de la crisis generada por la guerra en Ucrania. Asimismo, subrayó que esta medida refleja la intención del Gobierno de “avanzar hacia el pacto de rentas” em el que “el Gobierno no es un mero espectador ni un facilitador del diálogo entre los agentes sociales”.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, celebró la presentación de esta medida porque demuestras que “las ideas de Unidas Podemos primero son ridiculizadas, luego combatidas y finalmente terminan siendo aceptadas” porque “son de sentido común”.

En este sentido, Echenique consideró que “es muy sensato” establecer estos nuevos impuestos porque las compañías energéticas y financieras están teniendo beneficios extraordinarios y repartiendo dividendos.

Echenique resaltó el acuerdo entre las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición, apuntando que Unidas Podemos habría preferido “más mano dura” en lo que respecta a la sanción que se imponga a aquellas compañías que trasladen el coste de estos impuestos a los clientes, ya que su formación prefería introducirlo como un nuevo delito en el Código Penal.

APLICACIÓN

En concreto, el nuevo impuesto a las compañías energéticas gravará su cifra de negocios anual con un tipo del 1,2%, mientras que el nuevo tributo a aplicar a las entidades financieras gravará sus ingresos anuales en intereses y comisiones.

El objetivo es que ambas figuras -que en principio se espera que estén en vigor en 2023 y 2024- queden aprobadas para entrar en vigor el 1 de enero de 2023, quedando abiertos a modificaciones por las enmiendas que el resto de grupos parlamentarios presente durante la tramitación parlamentaria.

Por un lado, el nuevo impuesto a las compañías energéticas se aplicará sobre aquellas compañías eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros en 2019, gravando con un tipo del 1,2% la cifra de negocios que hayan tenido en 2022 y 2023. Quedarán excluidas del pago de este tributo aquellas compañías cuya actividad energética no llegue a suponer el 50% de su facturación.

En el caso del impuesto a las entidades financieras, este tributo se aplicará sobre aquellas que en 2019 ingresaran al menos 800 millones de euros brutos en concepto de intereses y comisiones, gravando en un 4,8% la cantidad que ingresen por este concepto en 2022 y 2023. En este caso, el motivo por el que el umbral de tributación se establece en 800 millones y no en 1.000 millones es porque los ingresos de intereses y comisiones suponen un 80% del total de sus ingresos.

Cabe señalar que en este impuesto a las entidades financieras el tributo se aplicará sobre la cifra neta de ingresos en intereses y comisiones, de forma que en ambos conceptos se reste a los intereses y comisiones que cobran las entidades financieras los intereses y comisiones que pagan ellas mismas.

Cuando la compañía a la que se aplica una de estas figuras sea un grupo fiscal, la cifra de negocios o de ingresos por comisiones e intereses a la que se aplicará será la correspondiente al grupo consolidado. Además, en ambos casos no se tendrá en cuenta las operaciones intragrupo ni aquellas que las compañías realicen a través de sus filiales en otros países, y el pago de estos tributos no será deducible en el Impuesto de Sociedades. El pago de ambos impuestos deberá realizarse en septiembre, una vez cerradas ya sus cuentas del año anterior, pero habrá un pago a cuenta del 50% en febrero.

PROHIBICIÓN DE REPERCUTIRLOS

Asimismo, la proposición de ley contempla la prohibición expresa del traslado del coste de estos tributos al cliente final, quedando en ambos casos la supervisión de que esto se cumple a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque en el caso del impuesto sobre las entidades financieras también tendrá competencias el Banco de España, que colaborará con la CNMC.

En caso de incumplimiento de este aspecto, la proposición de ley contempla una sanción del 150% del importe repercutido a los clientes.

Para la aplicación del impuesto a las compañías energéticas se tendrá en cuenta el listado de operadores principales a la hora de identificar a aquellas compañías susceptibles de tributar por este impuesto.

Técnicamente, estas nuevas figuras no son impuestos, sino una prestación patrimonial de carácter público y naturaleza no tributaria, conocido en el mundo anglosajón como ‘levy’.

La previsión del Gobierno es recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año con el impuesto a las entidades financieras y 2.000 millones de euros al año con el aplicable a las compañías energéticas.