Así quedó de manifiesto durante el diálogo sobre los 'Primeros desarrollos del nuevo artículo 49 de la Constitución', que contó con la participación del diputado del PSOE en el Congreso Emilio Sáez; la diputada del PP en el Congreso Violante Tomás; la directora general del Imserso, Mayte Sancho; la diputada de Podemos en el Congreso Noemí Santana y el presidente del Cermi y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, y que fue moderado por el director de contenidos de Servimedia, Pablo A. Iglesias.

Durante su intervención en el diálogo, el diputado socialista aseveró que “echar balones fuera” por parte de las comunidades autónomas con respecto a sus “obligaciones y responsabilidades” en este ámbito “no es conveniente”.

“El PP gobierna la gran mayoría de comunidades autónomas de este país. El Estado, quitado el Imserso, tiene pocas acciones directas que sean de su competencia exclusiva”, recordó, al tiempo que indicó que tienen transferidas las competencias en materia de servicios sociales y sanitaria.

En este contexto, estimó que, “dependiendo de cuál sea su posición estratégica a la hora de atender las necesidades, aportan más o aportan menos recursos a las necesidades de las personas con discapacidad”, convencido de que “podríamos poner muchos ejemplos”.

EL PP, PREOCUPADO

En el extremo opuesto, la diputada del PP admitió que, aunque es “estupendo que haya más derechos” recogidos en la futura ley, se preguntó “de dónde sale ese dinero”.

“Porque los derechos, todo lo que se ofrece en esa ley y más que seguramente tendrá que incluirse, hay que pagarlo”, advirtió, al tiempo que insistió en preguntar “dónde está ese dinero si no está ahora mismo el dinero para cumplir la ley de la dependencia”.

En la misma línea, auguró que la reforma normativa “va a generar mucha frustración”, al entender que “está prometiendo un avance en derechos que, al final, no se va a poder realizar”, algo que al PP le “preocupa enormemente”.

Por su parte, la diputada de Podemos defendió que la financiación “debe ser compartida”. “Es cierto que, al final, para el desarrollo y quien toma las medidas, porque es quien está en el terreno atendiendo a las personas, son las comunidades autónomas”, puntualizó, al tiempo que subrayó que son las que “mejor conocen cuáles son las necesidades del territorio” en el ámbito, por ejemplo, de la dependencia y la discapacidad.

Por todo ello, consideró que, “evidentemente, también tiene que hacer un esfuerzo económico la comunidad autónoma”.

COPAGO

En otro orden de cosas, el presidente del Cermi lamentó que, “después de 20 años” que cumple en breve la ley de dependencia “no se sepa cuánto aportan las personas” al sistema a través del copago.

“Yo no conozco ninguna ley social, ni estatal ni autonómica, que lleve una memoria económica que se haya cumplido exactamente meticulosamente. A veces, tener la ley hace que se genere la financiación”, apostilló, al tiempo que dijo “apelar” a “trabajar en esa línea”.

A este respecto, quiso saber lo que aportan las personas atendidas en el sistema de la dependencia e hizo hincapié en que “el copago no es Estado ni es comunidad autónoma”. “¿Y cuánto es el copago? Es que ni lo sabemos, después de 20 años en la sociedad de la información y la comunicación, que no se sepa cuánto aportan las personas o que no se quiera saber, es sospechoso”, resolvió.

En este sentido, la directora general del Imserso urgió a “no asociar” la reforma del sistema con la “escasa” financiación del mismo, cuya mejora es uno de los “acuerdos” alcanzados entre todos los actores implicados.

0'8% EN GASTO

“Estamos en un 0,82% de gasto en protección social en relación a los países de la OCDE, que es casi la mitad de lo que otros tienen. Con lo cual, eso es una evidencia palmaria”, afirmó, al tiempo que emplazó al resto de intervinientes a “intentar presionar en todos los sitios para tener mayor financiación”.

Con todo, hizo hincapié en que esto “no invalida” una reforma que supone un “cambio cultural” y una “adaptación a todas las líneas de trabajo que, en este momento, se están desarrollando en la Unión Europea”, con su estrategia de cuidados, auspiciada por el Ministerio de Derechos Sociales.