Sin embargo, Chinchilla precisó a Servimedia que de momento él no se ha planteado esta cuestión, ya que está pendiente de la resolución por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del recurso de queja presentado contra el auto del juez Moreiras, en el que decretaba el embargo contra los cuatro inculpados y contra UGT y PSV-IGS como responsables subsidiarios.

Chinchilla aseguró que la idea le parece interesante y sobe todo si "alguien de relieve apoyara esa tesis". En el caso de que el embargo se haga efectivo, en el sindicato se baraja, entre otras opciones, argumentar que sus bienes son de dominio público y que forman parte del patrimonio sindical general.

El letrado dijo que espera que el recurso presentado se resuelva antes de que el juez ordene la ejecución del embargo contra UGT, ya que de momento lo que se están realizando son las declaraciones de bienes de los cuatro inculpados (Carlos Sotos, Fermín Bretó, Francisco Hernández y Paulino Barrabés) y su comprobación en los correspondientes registros.

Sin embargo, para la resolución de dicho recurso es necesario que Moreiras envie un informe a la Sala de lo Penal donde justifique su postura y que entonces estudie el tema y haga pública su decisón. En cualquier caso, el recurso no paraliza la ejecución del embargo.