Para la abogada, que actúa en colaboración con Miguel Bajo, supone un "agravio comparativo" que otros presuntos responsables de delitos económicos -Conde y De la Rosa- hayan salido en libertad bajo fianza, mientras su defendido sigue encarcelado.

Almeida recordó que en el caso PSV hay otros inculpados que están actualmente en libertad bajo fianza y argumentó que en derecho siempre hay argumentos en favor o en contra de una determinada decisión.

Rechazó el pincipal argumento defendido por la Audiencia Nacional para rechazar la libertad provisional, el peligro de fuga, ya que indicó que Sotos conocía con más de dos meses de anterioridad que iba a declarar ante el juez Moreiras por el caso PSV y su declaración se prolongó durante varios días, sin intentar huir en ningún momento.

"Quien conozca a Carlos Sotos sabe que lo último que haría sería fugarse, porque ha dado la cara siempre", aseguró.

También descartó que en estos momentos pueda existir alarmasocial si el ex gerente de PSV sale a la calle, ya que la mayoría de los cooperativistas están viendo solucionarse el problema de la construcción de las viviendas.

Luz Almeida negó que existan "indicios de defraudación", como asegura la Audiencia Nacional, y se basó en los informes de los auditores de la suspensión de pagos de PSV. Según su interpretación, los balances están prácticamente equilibrados y los propios auditores reconocieron que se han llevado a cabo inversiones superiores a las aportacioes de los cooperativistas en 10.000 millones de pesetas.

Almeida anunció que ella y Bajo estudiarán si realizan una reclamación de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque reconoció que la principal dificultad de esta acción es el prolongado tiempo que tarda en ser resuelta.

GRAN VALOR

Por su parte, el defensor de cooperativistas de PSV del Plan 18.000 Francisco Méndez Goas, reconoció a esta agencia como de "gran valor jurídico" que la Sala de lo Penal de la Audiencia haya detectado indicos de defraudación.

El letrado indicó que sería la primera vez que la Sala emite este juicio. En su opinión, esta presunción supone que ha existido un perjuicio claro para los cooperativistas de la gestión realizada por Carlos Sotos al frente de PSV.