En el documento, al que ha tenido acceso Servimedia, los ediles señalan que el interventor general del Ayuntamiento emitió un informe en octubre de 1993 en el que concretaba que en el mes de septiembre de es año se habían pagado gastos corrientes con fondos afectados "advirtiendo que, por el Ordenador de Pagos, se podría cometer un delito de malversación de fondos, tipificado en el artículo 397 del vigente Código Penal".

Con estas afirmaciones, los denunciantes quieren dejar constancia que el dinero pagado por PSV, que debía destinarse a un fin determinado, se ha podido dedicar a efectuar otros pagos.

El juez Moreiras tiene abiertas diligencias previas por "delito de estafa y apropiación indebida" cntra Carlos Soto, PSV, IGS y otros, y recientemente tomó declaración a Serrano y Font para aclarar el destino de las aportaciones de PSV, 346 millones de pesetas en licencias y 240 millones por otros conceptos, al Ayuntamiento de Rivas.

Esos 240 millones forman parte de un total de 429 que debería pagar PSV como compensación por no ceder el 15 por cien del terreno adquirido para construir viviendas y que debían destinarse a la "creación, ampliación y conservación del patrimonio Municipal de Suelo".

En el escrito, los cinco concejales (dos del PP y tres del Grupo Mixto, entre ellos el ex alcalde Eduardo Díaz) puntualizan que los 429 millones debían aportarlos los propietarios de los terrenos. Sin embargo, los dos primeros plazos los ha pagado PSV, "según consta en un escrito de Font dirigido a Prudencio García", presidente de PSV hasta la semana pasada.