Según varios socios consultados por Servimedia, el proceso puede afectar a la solución del problema si otros cargos de UGT (Barrabés fue secretario de Finanzas) se ven afectados, ya que el sindicato centa actualmente con el 100 por ciento de IGS, la gestora de PSV.

Estas fuentes indicaron que, si el proceso judicial inculpa definitivamente a UGT, el juez Moreiras podría incluso retener los bienes del sindicato como garantía por los delitos cometidos, lo que no contribuiría al reinicio de las obras.

"El proceso calma la sed de justicia, pero no soluciona el problema de las viviendas", aseguró un cooperativista, que teme que pueda enrarecer el clima político conseguido en la búsqueda de solucioes, tanto en UGT, en el Gobierno y en la Comunidad de Madrid.

A su juicio, si el problema se agrava es cuando tendría que hacerse efectiva la intervención del Gobierno sobre PSV, realizada hace unos meses.

Incluso la promoción de Madrid Sur denunció cierta paralización desde la semana pasada de las negociaciones con IGS para realizar la separación del resto de promociones y la no respuesta a sus requerimientos telefónicos.

No obstante, fuentes de IGS aseguraron a esta agencia que el proceso e separación continúa, aunque es necesario en ocasiones dejar un tiempo para preparar lo acordado previamente.