Ruiz-Giménez, que no cree en la implicación directa de Reyna, afirmó que el actual responsable de Finanzas de UGT aportó al juez numerosa documentación, entre la que destaca un extenso informe sobre la situación actual de todas las cooperativas.

El abogado defensor de la cooperativa de Valdebernardo declaró que según parece no todo se sabía en la cúpula del sindicato y que se tomaron medidas a partir de octubre de 1992, cuando se tuvoconstancia de la situación de la PSV.

La declaración de Reyna ha sido hasta el momento positiva y ha intentado mediar para que el conflicto se solucione y las viviendas se construyan, según Ruiz-Giménez.

Por último, el letrado aseguró que hasta el momento no se aprecian indicios de financiación ilegal por parte del sindicato UGT, aparte de las 80.000 pesetas que cada cooperativista debía pagar al sindicato y que figuraban en el contrato.

La declaración de Reyna, que fue interrumpida a primer hora de la tarde, se reanudará a las cinco en la sede de la Audiencia Nacional y el abogado de la acusación espera que se aclaren aún más las cosas