IGS adeuda 174 millones por un total de 46 expedientes distribuidos por toda la región, que afectan como mínimo a otros tantos profesionales, ya que cada trabajo está firmado por uno o varios arquitectos.

En cuanto a PSV, debe 371 millones, lo que significa que entre ella y su gestora más de un centenar de arquitectos madrileños se han visto afectados por la suspensión de pagos de la cooperativa de UGT.

El colegio, que está personad en las dos causas judiciales abiertas, se encuentra en la actualidad recopilando toda la información de que dispone para remitirla a los jueces.

A principios de 1993, PSV e IGS pagaron a los arquitectos cerca de 700 millones tras aplacar el malestar de los cooperativistas por el retraso de las obras, que los responsables de PSV achacaron a trabas del Colegio de Arquitectos. En realidad, los proyectos no eran aprobados porque no estaban pagadas las correspondientes tasas.