Según informaron a Servimedia fuentes de ese departamento, José Antonio Griñán y su equipo han valorado esta propuesta como "la mejor fórmula" para el desbloqueo de la situación actual de PSV.

Esta propuesta deja en manos del juez José Antonio Enrech la sustitución del Consejo Rector y dela propia Asamblea de socios de PSV por varios administradores judiciales, para que estos lleven a cabo la segregación de la cooperativa por promociones.

El juez Enrech, que instó la semana pasada al Gobierno a intervenir, contaría con el "apoyo total" del Ejecutivo, tanto humano como técnico. "El Gobierno va a estar ahí, para controlar todo el proceso", dijeron las fuentes consultadas.

De esta forma, a juicio de Trabajo, no sería necesario una intervención más directa del Gobierno, como reclamanlos cooperativistas. "Por hacer más intervenciones superpuestas no se consiguirán más cosas, si el objetivo es el mismo", añadieron.

20.000 FAMILIAS

No obstante, Tomás Arrieta, interventor de la cooperativa, volvió a solicitar, en declaraciones a Servimedia, que sea el Gobierno el que tome cartas en el asunto para conseguir desbloquear los créditos concedidos y paralizados a PSV.

Arrieta quiso dejar claro que no pide la utilización de fondos públicos para solucionar la crisis que atraviesa la coperativa de viviendas. "Los cooperativistas sabemos que vamos a perder dinero de todas formas, y pedimos la intervención por el problema social que está produciendo esta crisis entre 20.000 familias", dijo.

En la misma línea se manifestó hoy Antón Saracíbar, secretario de Organización de UGT, que pidió la intervención del Gobierno y anunció que el Consejo de Ministros del viernes tomará algún tipo de decisión.

Mientras, dos grupos de cooperativistas siguen encerrados en las iglesias madrileñas d los Jerónimos y del Cristo de Medinaceli, unos para exigir la devolución de su dinero, y otros para pedir la intervención gubernamental.