En declaraciones en el Senado, Puente señaló que comparte “el voto particular del magistrado del Supremo” quien dijo que a Ortiz “se le va a juzgar sin ni siquiera una mínima prueba”.

El titular de Transportes aludía así al voto particular del magistrado Andrés Palomo del Supremo, quien hace un mes, cuando se resolvió un recurso sobre el procesamiento del responsable del Ministerio Público, dijo que se oponía a la decisión de enviar a juicio a García Ortiz y abogaba por archivar la causa.

FIANZA DE 150.000 EUROS

Palomo argumentó la insuficiencia de los indicios y criticó que “no aparece suficientemente justificado” que el fiscal general fuera el autor de la filtración, concluyendo que los hechos atribuidos no pueden considerarse delito de revelación de secretos.

Por el contrario, el juez Hurtado, instructor de la causa ha acordado enviar a juicio al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, en el marco de la filtración de información sobre un caso de relevancia pública.

El juez considera que existen indicios suficientes para sentar a este alto funcionario en el banquillo y que la causa debe resolverse en un proceso oral.

La decisión incluye la imposición de una fianza de 150.000 euros, que el fiscal general deberá abonar para afrontar eventuales responsabilidades civiles en caso de condena.

García Ortiz ha defendido la legalidad de su actuación y su defensa anuncia recurrir el auto, alegando que su proceder estuvo amparado por el ejercicio institucional del cargo.