Tras una prmenorizada exposición sobre el balance fiscal de Cataluña, que calificó de "muy deficitario", en una conferencia sobre la política autonómica que defiende Convergència i Unió (CiU), Pujol recordó que "no sólo pagamos más dinero que la media de los españoles", cuestión que consideró correcta porque Cataluña es una autonomía más rica, sino que, añadió, "recibimos menos, y esto no debe ser".

El presidente catalán, que dijo hablar tanto como máximo mandatario de la Generalitat como presidente de Convergècia Democràtica de Catalunya, señaló que "Cataluña debería recibir entre 200.000 y 250.000 millones de pesetas más de los que recibe cada año si se aplicaran los criterios de solidaridad".

Pujol puso diversos ejemplos de lo que denomina "discriminación" en el sistema de financiación, entre ellos las 96.000 pesetas que dedica Sanidad por cada persona y año a Cataluña, frente a las 102.000 que destina a Andalucía o las 103.000 a Canarias.

En este sentido, criticó que en España se aplique el principo de solidaridad "de una manera muy radicalizada", y perjudicial para Cataluña. Añadió que aceptaba que "tenemos que pagar más" que otras regiones menos ricas, aunque "no de esta manera".

Pujol empleó un tono contundente al insistir en que si Cataluña no consigue un nivel de competencias que le permita desmarcarse de la interpretación ambigua de la Constitución y el Estatuto de autonomía, el "café para todos", llegará un momento en que habrá frustración y "nos veríamos obligados a replantear toda nuesra política autonómica".

Aunque reconoció que la reacción de la administración central ante su petición puede rebatirse argumentando que no se puede generalizar a 17 autonomías y que esa generalización incluso podría ser incompatible con la unidad del Estado, adujo la condición de nación de Cataluña y su "especificidad" histórica, política y cultural en el conjunto del Estado.

Pujol aseguró, ante un centenar de asistentes en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que "desde elpunto de vista de política nacional y autonómica ya estaríamos dispuestos a seguir" a un ritmo lento, pero agregó que surgirá un replanteamiento por parte de los nacionalistas "si la Constitución sigue permitiendo que un enfermo catalán reciba menos dinero que un enfermo aragonés".

Durante su exposición sobre los problemas para encontrar "un buen modelo de financiación para Cataluña" desde la época de la transición, en la que el fallecido dirigente de CDC Ramon Trias Fargas negociaba con el ex ministr de UCD Jaime García Añoveros, hasta la última legislatura, en la que CiU ha colaborado con el PSOE, señaló que "no se trata de un problema ligado sólo a las competencias sino que es también de vitalidad".

El presidente de la Generalitat se defendió de las críticas contra el endeudamiento de su administración, cifrado en 850.000 millones de pesetas, afirmando que "tenemos más competencias, y entre ellas Sanidad y Enseñanza desde 1981 o prisiones, más habitantes, aportamos más PIB, y poseemos un dinamimo que no todo el mundo tiene y que nos obliga a hacer cosas".

Pujol llegó a decir que "deben entender que Cataluña es otro mundo" y que a partir de la próxima legislatura "debemos obligar, con más decisión, que se enfrenten al hecho diferencial, que acepten que Cataluña requiere un trato distinto".

En su intervención, de cerca de una hora y media, el líder de CiU también se refirió a los objetivos prioritarios de la coalición de cara a la legislatura que comenzará en marzo, y los marcó en "el depliegue alternativo del Estatuto", que conllevaría que la Generalitat se convirtiera en "la administración ejecutiva ordinaria del Estado, la llamada administración única" o la supresión de duplicidades.

Pujol indicó que será condición "sine qua non" que "Cataluña tenga representación permanente en la UNESCO", aunque su intención es la de "seguir por este camino" a través del que ya "se ha conseguido mucho", y "sin cambiar ni el Estatuto ni la Constitución".

Dentro de las medidas para mejorar la inanciación que CiU tiene previsto pedir al próximo Gobierno se encuentra el incremento de la cesión del IRPF del 15 al 30 por ciento, participación en el IVA y otros impuestos y la regulación de la participación de las autonomías en los fondos de cohesión europeos.