Pesca

Quince países adoptan la Declaración de Mombasa en un momento clave para reforzar la ley de control pesquero en España

- Este nuevo compromiso reclama más transparencia sobre buques, licencias, actividad pesquera y beneficiarios finales

- Medidas directamente vinculadas al debate abierto sobre la futura Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima

MADRID
SERVIMEDIA

Quince gobiernos nacionales de África, Asia, el Caribe, Europa y el Pacífico han adoptado este miércoles la Declaración de Mombasa en la undécima conferencia Our Ocean, comprometiéndose a impulsar la transparencia pesquera mundial y a reforzar los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

La Declaración de Mombasa es un llamamiento a la acción dirigido a los estados costeros y de pabellón —aquéllos bajo cuya bandera está registrado un buque pesquero— con el objetivo de avanzar en materia de transparencia pesquera, con especial atención a una mejor recopilación y difusión de información sobre los buques y a un mayor acceso a los datos pesqueros.

La Declaración refuerza el apoyo y el impulso en torno a la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca, que establece diez principios políticos de bajo coste o sin coste que los gobiernos pueden adoptar a escala mundial, tanto en la legislación como en la práctica.

Respaldada en Our Ocean por una coalición diversa de países —Bélgica, Camerún, República Dominicana, Francia (por cuenta de sus territorios de ultramar), Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República del Congo, Somalia, Chile y Corea del Sur—, la Declaración de Mombasa une a naciones comprometidas con el fortalecimiento de la gobernanza oceánica y con el liderazgo de la acción mundial en favor de la transparencia pesquera. Tras su adopción, los países firmantes comenzarán a poner en práctica la Declaración. La firma supone el lanzamiento de una campaña para que otros países se sumen a la iniciativa antes de la próxima Conferencia Our Ocean, que se celebrará en 2027.

A pesar de que España no se ha adherido a la Declaración de Mombasa, ésta llega en pleno debate sobre el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima. El texto legislativo ya incorpora referencias a medidas para disuadir a personas físicas y jurídicas de nacionalidad española de participar en la pesca INDNR o facilitarla a través de buques con pabellón de terceros países que operen fuera de aguas europeas, así como a la necesidad de identificar a estos nacionales y verificar sus actividades cuando estén asociados a buques de terceros países. También contempla medidas orientadas a prevenir, disuadir y eliminar la actividad de buques que enarbolen pabellones de países clasificados como pabellones de conveniencia.

Estas cuestiones conectan directamente con los compromisos de la Declaración de Mombasa, que incluyen modernizar los registros de buques, publicar autorizaciones de pesca, reforzar el intercambio de información y recopilar datos sobre los beneficiarios finales de buques y empresas pesqueras para identificar y exigir responsabilidades a quienes estén detrás de las infracciones.

En paralelo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudia la actualización del Real Decreto sobre empresas mixtas, una oportunidad para avanzar hacia el registro obligatorio de los beneficiarios finales de las empresas españolas con actividad pesquera fuera de España.

Las comunidades costeras, los pescadores artesanales y las economías que dependen de la vida marina soportan las consecuencias más graves de la pesca INDNR, que amenaza los medios de vida, la seguridad alimentaria y la salud a largo plazo de los ecosistemas oceánicos.

MEDIDAS

La Declaración de Mombasa responde a estos desafíos impulsando medidas prácticas de transparencia, recogidas en la Carta Mundial, para mejorar el acceso a la información sobre la titularidad de los buques, las licencias y la actividad pesquera; reforzar la rendición de cuentas; y permitir una gestión más sostenible y equitativa de los recursos marinos.

Emelia Arthur, ministra de Pesca y Acuicultura de Ghana, afirmó que en su país, la "propia existencia depende del pescado. El 60% de nuestra proteína animal procede del pescado, y el 10% de nuestra población depende de la cadena de valor pesquera para su sustento. La pesca es una cuestión de cultura y de seguridad nacional para nosotros. Me alegra que Ghana sea uno de los primeros países en firmar la Declaración de Mombasa, porque ofrece una plataforma para que todos nosotros, los distintos gobiernos, nos reunamos y declaremos en un foro internacional que estamos trabajando juntos y luchando juntos por la transparencia en el sector pesquero”.

Por su parte, Madame Catherine Chabaud, ministra delegada para el Mar y la Pesca de Francia, manifestó que “Francia se enorgullece de estar entre los primeros apoyos de la Declaración de Mombasa sobre Transparencia Pesquera, a través de sus Países y Territorios de Ultramar. Esta iniciativa se basa en una convicción sencilla: no podremos combatir eficazmente la pesca INDNR sin una mayor transparencia y cooperación internacional. La Declaración ofrece una oportunidad importante para que los gobiernos demuestren su compromiso político con la mejora de la gobernanza pesquera. Esperamos que muchos más países se sumen a esta iniciativa y apliquen los compromisos que promueve, haciendo de la transparencia la norma en el sector pesquero”.

La Declaración de Mombasa se ha desarrollado con el apoyo de la Coalición para la Transparencia Pesquera y sus socios, incluidos expertos académicos y profesionales, que trabajan con gobiernos para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gobernanza y gestión pesquera.

A través de la Declaración, los países firmantes se comprometen a impulsar reformas concretas en materia de transparencia, como la modernización de los registros de buques, la publicación de autorizaciones de pesca y el refuerzo del intercambio de información para apoyar la aplicación de la ley y la rendición de cuentas en todos los sectores pesqueros.

La pesca INDNR es un desafío mundial generalizado que perjudica a las comunidades costeras, distorsiona los mercados y debilita una gobernanza oceánica sólida. Los expertos estiman que esta práctica cuesta a la economía mundial hasta 50.000 millones de dólares al año, al tiempo que priva de ingresos y acceso a los recursos a los pescadores que cumplen la ley, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

La pesca INDNR contribuye al declive de las poblaciones de peces, amenaza la seguridad alimentaria y los medios de vida, y suele estar vinculada a graves abusos de derechos humanos, incluidas condiciones laborales inseguras y trabajo forzoso. La limitada transparencia en la titularidad de los buques, el seguimiento, la actividad pesquera y las cadenas de suministro permite que estas prácticas persistan, por lo que reforzar el acceso a datos pesqueros fiables y los mecanismos de rendición de cuentas resulta esencial para proteger los ecosistemas marinos y las comunidades que dependen de ellos.

Maisie Pigeon, directora de la Coalición para la Transparencia Pesquera, señaló que “existe un reconocimiento creciente de que una economía azul productiva y sostenible depende de una gobernanza oceánica sólida, un seguimiento eficaz y datos accesibles. Los países que firman hoy la Declaración de Mombasa representan una gran diversidad de economías y geografías, lo que demuestra que el impulso a favor de la transparencia en el mar es verdaderamente global. Esperamos trabajar con estos países y con otros para promover reformas pesqueras significativas”.

Beth Lowell, vicepresidenta de Oceana, afirmó que "durante demasiado tiempo, la pesca ha operado lejos de la costa, con una supervisión insuficiente y cadenas de suministro opacas. Estas prácticas pesqueras han agotado poblaciones de peces, perjudicado a comunidades costeras y facilitado la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y los abusos de derechos humanos. La transparencia es esencial para proteger nuestros océanos y los medios de vida de quienes dependen de ellos. La Declaración de Mombasa demuestra que gobiernos de todo el mundo están preparados para actuar contra la pesca ilegal y trabajar juntos por un océano más transparente, equitativo y sostenible para todos”.

Steve Trent, CEO y fundador de la Environmental Justice Foundation, declaró que la "transparencia es la forma en que exponemos los abusos, apoyamos a las comunidades costeras y reconstruimos la confianza en que la pesca puede gestionarse de manera sostenible y justa. Aplaudo el liderazgo de todos los Estados que respaldan hoy la Declaración de Mombasa e insto a otros a seguir su ejemplo”.

Por su parte, Tony Long, director ejecutivo de Global Fishing Watch, dijo que "durante demasiado tiempo, la pesca ilegal ha prosperado en la oscuridad. La Declaración de Mombasa de hoy marca un punto de inflexión para cambiar esa realidad. Cuando los gobiernos se comprometen con la transparencia —compartiendo identidades de buques, información sobre titularidad o datos de seguimiento— crean una red interconectada en la que los actores ilegales no tienen dónde esconderse. Global Fishing Watch está preparado para dotar a estas naciones de datos abiertos y capacidad analítica para impulsar estas medidas de transparencia”.

Antha Williams, responsable del Programa de Medio Ambiente de Bloomberg Philanthropies, indicó que "los países que han respaldado la Declaración de Mombasa están enviando una señal clara de que la transparencia es esencial para un océano sano y una pesca sostenible. Al mejorar el acceso a datos fiables, los gobiernos pueden tomar mejores decisiones para gestionar los recursos marinos. Esta declaración refleja un compromiso compartido con una mayor transparencia en la pesca mundial, y esperamos apoyar los esfuerzos para convertir esta visión en acciones significativas para las comunidades costeras y los ecosistemas marinos”.

(SERVIMEDIA)
17 Jun 2026
s/gja