El referido texto de la Mesa del Congreso recomienda evitar un “uso excesivo” del “masculino genérico”, la sugerencia de usar ‘personas usuarias’ en lugar de ‘usuarios’ o abstenerse de utilizar expresiones que contienen el indefinido masculino ‘unos’, entre otras cuestiones.

Ante esta situación, la nota de la RAE subraya que esta institución “ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que comparte por completo la convicción de que las mujeres y los hombres han de poseer los mismos derechos y los mismos deberes en las sociedades democráticas, y es igualmente consciente de que todavía no se ha alcanzado plenamente dicha equiparación entre nosotros”.

A pesar de ello, la docta casa objeta que esos logros no se alcanzan “modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas lenguas, sean románicas o no” y deja caer que “las sociedades en las que se hablan lenguas que organizan de otra forma las propiedades morfológicas del género, así como las relaciones de concordancia, no son necesariamente más democráticas que la nuestra”.

También apostilla que “el género masculino es inclusivo (en español y en otras muchas lenguas) en un gran número de contextos” y que “el hecho de que no lo sea en algunos casos no debe llevar a la absurda conclusión de que no lo es nunca”.

"CONTRADICCIÓN"

A su juicio, la Mesa del Congreso insinúa en su documento que “los hablantes que no aplican los recursos allí expuestos se expresan en un lenguaje sexista”, lo que le permite colegir que “sería, pues, sexista, el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo, incluyendo el de los propios parlamentarios españoles cuando no hablan desde la tribuna o no redactan proyectos legislativos” y “el lenguaje de la literatura, el ensayo, la ciencia, el cine, el periodismo, la legislación y tantos otros ámbitos (no necesariamente coloquiales ni informales) en los que los textos escritos en español no se suelen redactar aplicando los recursos que nuestra Administración recomienda”.

La RAE observa que la Mesa del Congreso reconoce la “contradicción” de su criterio cuando reconoce que sus recomendaciones “no podría aplicarse a ciertos textos más literarios o argumentativos”. También lamenta que no explique si “esos otros discursos dejarían de ser sexistas” y deja caer que igual “desea dar a entender que a sus autores se les tendría que dispensar su sexismo lingüístico, ya que escriben en español sin aplicar las recomendaciones que han de caracterizar los documentos oficiales”.

Desde su punto de vista, el término “lenguaje no sexista” apuntado por la Cámara Baja “conduce a una peculiar disyuntiva”, puesto que parece que “las expresiones propias del lenguaje supuestamente sexista dejan misteriosamente de serlo cuando no aparecen en textos oficiales” se puede llegar a pensar que “los hispanohablantes están autorizados a expresarse en un lenguaje sexista a menos que representen a la Administración o redacten discursos públicos”

"PECULIAR DISYUNTIVA"

La RAE sospecha que “tras esa peculiar disyuntiva se esconde el deseo implícito de acrecentar la distancia -ya considerable en la actualidad- entre el universo oficial y el mundo real”. Esto le permite reseñar que “si bien sería de esperar que las administraciones trabajaran para acortarla, parecen más interesadas en aplicar una y otra vez las dobles varas de medir que tan patentemente la ponen de manifiesto”.

La docta casa considera “más que evidente que cada uno puede expresarse con las fórmulas lingüísticas que libremente elija”, si bien recoge que “no son sexistas muchos usos gramaticales y léxicos del español que las autoridades presentan como tales”.

Del mismo modo, defiende que “no se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres de nuestro país pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse”.

Todo lo anterior le lleva a concluir que “no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española, sino arbitrando medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos, mejorando la educación que nuestros jóvenes reciben en la escuela y trabajando de otras muchas formas por una sociedad que refleje de manera efectiva todos esos valores”.