Desde 2018, cuando entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), todas las empresas públicas, hospitales, bancos y grandes corporaciones, entre otras organizaciones, están obligadas a contar con la figura del DPO, un perfil que precisa de un alto conocimiento sobre protección de datos y seguridad, según explicó Randstad.

Además, señaló que las reclamaciones sobre protección de datos se están incrementando en los últimos años, pues el comercio electrónico y la transición digital no solo generan “oportunidades, sino también riesgos que preocupan a las compañías”.

De hecho, el 61% de las empresas españolas temen ser sancionadas por la falta de cumplimiento de la normativa, unas multas que pueden suponer buena parte de la facturación de una compañía, de acuerdo con datos de la empresa Sage.

“Desde el 29 de junio solo se podrá realizar llamadas comerciales bajo consentimiento expreso del cliente y la administración ha otorgado un año para la adaptación de las empresas a este nuevo marco regulador. Esto supone un nuevo reto y una prioridad para los DPO y evitar que las reclamaciones y potenciales sanciones sigan creciendo. El DPO debe liderar el proceso de adaptación de los CRM comerciales junto a los departamentos de tecnología. Además, impactará de forma directa en los modelos comerciales de las empresas donde la digitalización volverá a ser clave”, aseguró el director de Randstad Technologies, Jorge González.

La última memoria anual de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) indica que, durante 2022, se registraron 15.128 reclamaciones, un 9% más que el año anterior y un 47% superior a 2020. Según el organismo, las reclamaciones más frecuentes son servicios de Internet (15%), videovigilancia (15%), recepción de publicidad -excepto spam- (13%), inserción indebida en ficheros de morosidad (8%) y reclamación de deudas (6%).

Por otro lado, y en cuanto a áreas con mayor importe de sanciones, se encuentran servicios de Internet (11,5 millones de euros), publicidad -excepto spam- (2,3 millones), asuntos laborales (2,2 millones), brechas de datos personales (821.800 euros), contratación fraudulenta (706.800 euros) y telecomunicaciones (632.000 euros).