El Ministerio se reunió el pasado viernes con los sindicatos de inquilinos de Madrid y Cataluña, que plantearon varias mejoras al proyecto de ley remitido a las Cortes. Entre sus propuestas, figura la imposición de sanciones a caseros que se salten los controles a los precios del alquiler.

Este lunes, la ministra Sánchez, en declaraciones a RTVE en Cataluña recogidas por Servimedia, dijo que “estamos abiertos a impulsar un régimen sancionador para asegurarnos que la ley se cumple”, en sintonía con lo que demandan las entidades de inquilinos. También dijo que el Gobierno está dispuesto a considerar enmiendas que mejoren los mecanismos de información, control y transparencia en las operaciones de alquiler.

La responsable de Vivienda reiteró que el Gobierno buscará “los máximos consensos posibles” en el debate parlamentario en torno a una ley que el Ejecutivo insiste en que es buena y respetuosa con las competencias autónomicas, pese al informe del CGPJ, en el que insistió en que se ha ido más allá de lo que el Poder Judicial tenía que pronunciarse.

Sánchez descartó que el Gobierno pueda retirar su recurso a la ley catalana de alquiler a cambio de respaldo nacionalista a la ley estatal. A su juicio, son dos temas diferentes y en el caso de la norma catalana sí había una manifiesta “vulneración” de las competencias del Estado.

Preguntada si podría aprobarse una nueva moratoria en la prohibición de desahucios de inquilinos en situación de vulnerabilidad que expira a finales de este mes de febrero, afirmó que estos días el Gobierno está analizando “qué hacemos con esta prórroga”, pero remarcó que hay que tener presente que estas medidas se aprobaron “para unas circunstancias excepcionales durante la pandemia que ahora ya no concurren”, aunque “no cerramos la puerta a esa nueva prórroga”.

MESA DE DIÁLOGO

En relación con los asuntos de discusión en la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, dijo que no hay fecha fijada para una nueva reunión, pero se sigue avanzando con “reuniones discretas”, “sin prisa pero sin pausa”, y sin poner sobre el tapete “cuestiones que están fuera de la Constitución” como la independencia.

En cuanto al traspaso total de las Cercanías ferroviarias que reclama la Generalitat, señaló que ahora se está hablando solo de la transferencia de los recursos económicos de las Rodalies, pero la tranferencia total es “más compleja” y entraña “una dificultad, porque el Estado debe garantizar los desplazamientos entre comunidades autónomas”.

Respecto a la ampliación del aeropuerto de El Prat, comentó que el Gobierno de España no da por abandonado el proyecto porque llegó a un acuerdo con el Govern que se frustró a última hora por las “fisuras” que surgieron entre las formaciones del Ejecutivo autonómico.

La ministra dijo sobre los peajes de las carreteras que el Gobierno aprobará en los próximos días en primer lectura el proyecto de ley de movilidad sostenible y servirá de punto de discusión para buscar por consenso un sistema de conservación del trazado viario y “explicar que igual que pagamos para el resto de infraestructuras, también lo debemos hacer” para el uso de las carreteras porque si no, las pagaremos entre todos, quienes las utilizan y quienes no”.