Así lo indicó en el ‘XIII encuentro del sector de Infraestructuras, el transporte y la movilidad sostenible’ organizado por ABC y Deloitte.

Sánchez señaló que los fondos europeos están resultando “vitales” para la nueva orientación de la política de movilidad y subrayó que los 13.000 millones destinados a la movilidad sostenible les está permitiendo aumentar las inversiones del Ministerio y del grupo de empresas relacionado “un 30% en los próximos años”.

Entre las principales inversiones, Sánchez destacó la inversión de “más de 6.600 millones” en el ferrocarril con la que se pretende duplicar la cuota de pasajeros. Para ello, será “determinante” completar “la transición de una red radial a otra mallada” o “perseverar en la liberalización”.

La ministra de Transporte resaltó, además, la “acertada” apuesta en la alta velocidad ferroviaria. “Ha hecho posible, por ejemplo, que el tren haya pasado de ser el modo colectivo de larga distancia con menos viajeros a ocupar el liderazgo”, indicó Sánchez, quien subrayó que la alta velocidad tiene “beneficios medioambientales evidentes” y, al mismo tiempo, sirve para descongestionar la red convencional.

En este sentido, avanzó que “en menos de un mes” se producirá la puesta en marcha de la alta velocidad a Extremadura con la nueva línea entre Plasencia y Badajoz, a Burgos y el servicio de la conexión entre Atocha y Chamartín.

Asimismo, la ministra anunció que “el mes que viene” se publicará la segunda convocatoria destinada a que los Ayuntamientos puedan implantar zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano con un importe de 500 millones de euros. Sobre la primera convocatoria, Sánchez indicó que se han adjudicado todos los fondos, un total de 1.000 millones.

La estrategia del Gobierno en movilidad culminará en una ley de Movilidad cuyo objetivo es consagrarla “como un instrumento esencial para el crecimiento económico, la competitividad de las empresas y la cohesión social y territorial”.

La ministra enfatizó la importancia de que esta ley establezca criterios para una “planificación rigurosa” de las inversiones. “Cada nueva obra que emprendamos deberá someterse con carácter previo a un riguroso estudio de rentabilidad socioeconómica, y a una evaluación posterior a los cinco años de la puesta en servicio. La improvisación se declarará incompatible con la planificación de la gran obra pública”, aseguró Sánchez.

CRISIS 2008

La responsable de Transportes insistió en la idea del Ejecutivo de haber afrontado la crisis pandémica y la derivada de la guerra de Ucrania de una manera distinta a la de 2008 e invitó a las constructoras españolas a pronunciarse sobre si “fue bueno para el país reducir la inversión pública a niveles testimoniales como se hizo entonces”.

Sánchez recalcó que España “no se ha hundido ni se ha roto” durante los años de gobiernos socialistas en democracia. “Al contrario, ha progresado con fuerza y se ha modernizado. Lo ha hecho pese a los discursos catastrofistas habituales, destinados a avivar la crispación política y la polarización social. Unos discursos que, curiosamente, solo se escuchan cuando es la izquierda la que gobierna”, sentenció la ministra.