Así lo indicó en la inauguración de la jornada inmobiliaria organizada por Europa Press, señalando que sus declaraciones no parecen “una crítica a la gestión del PP en los últimos años”.

Sánchez subrayó que “lo más grave” no es que lo haya realizado una “presidenta” que tiene “un salario anual que supera los 100.000 euros” sino que lo haga la presidenta de una comunidad responsable de las políticas de vivienda “que ha alertado de que no va a aplicar la ley de vivienda” y cuya única receta es “la liberalización salvaje del suelo”.

En su intervención, incidió en que la futura ley de vivienda, actualmente en trámite parlamentario y que esperan aprobar “en los próximos meses”, será el “marco definitivo” para “resolver situaciones de vulnerabilidad y “fomentar el acceso al alquiler de vivienda en situaciones asequibles”.

Para la ministra, esta ley es “jurídicamente rigurosa”, “no invade competencias”, “no atenta contra la propiedad privada” y “respeta la economía de mercado” y, por tanto, no “legitima” la ocupación. “Es un instrumento que protege el parque público de viviendas e impedirá que pueda ser vendido”, señaló.

Sánchez señaló que al sector inmobiliario “ni siquiera se le pide ser sensible a la realidad económica y social de España”, sino que sea “consciente” de la misma en un contexto en el que la vivienda ha pasado de ser un “derecho” a un “bien de lujo”.

La ministra puso en valor la inversión prevista para los próximos cuatro años en vivienda de 10.000 millones de euros, que incluye el plan para el alquiler asequible con 100.000 viviendas, de las cuales 10.000 se han entregado y otras 60.000 “están en proceso de construcción”.

Asimismo, apuntó que el sector inmobiliario vive un “buen momento”, ya que durante 2021 el número de viviendas terminadas fue de 94.048 viviendas, un incremento del 8,6% respecto al año anterior, mientras que los créditos hipotecarios subieron por encima de los 417.000, algo que no se producía desde 2011.

PRÓRROGA ALQUILER

La responsable de Vivienda también se refirió a la prórroga hasta el próximo 31 de diciembre del límite a las subidas del alquiler hasta un 2%. “Los inquilinos no pueden ser las víctimas de variaciones de precios que no obedecen a elementos propios de los arrendamientos de viviendas, sino a un contexto internacional marcado por la guerra desencadenada por Rusia”, indicó para justifica la medida.

Por el mismo motivo, se ha decidido ampliar “la suspensión de los procedimiento de deshaucio y de alzamiento”, pero sin dejar “de lado” a los arrendadores, que “podrán solicitar hasta el 31 de enero de 2023 las compensaciones correspondientes”. “Eso no se debe entender desde la lógica del intervencionismo sino desde la lógica de reacción ante una urgencia que es social”, añadió.