Así lo precisó en un mensaje en sus redes sociales en el que recordó que este 9 de abril hace 50 años que nacía, aunque su origen data de 1910 y que este organismo, "la primera respuesta pública a la discapacidad en España", sigue siendo "necesario" para que las personas con discapacidad "sean, estén y cuenten", al tiempo que trasladó sus “felicidades” a todas las personas que lo hacen “posible”.

Entre las últimas acciones impulsadas por este organismo destaca el primer sistema oficial de acreditación de Lengua de Signos Española (LSE), que entrará en vigor a finales de este mes de abril tras publicarse este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 262/2026, que establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE) con el objetivo de "mejorar las condiciones de acceso al empleo público" para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por garantizar la inclusión social y la igualdad de oportunidades y el decreto contempla que esta disposición comenzará a aplicarse a los veinte días de su publicación oficial, lo que supone que el sistema empezará a funcionar a finales de este mes de abril.

En el texto publicado este martes por el BOE, se explica que esta regulación responde a la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece un marco normativo para su uso. También busca regular el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, encargado de velar por el buen uso de esta lengua.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Este decreto fue aprobado el pasado 7 de abril por el Consejo de Ministros y el departamento de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy y al que está adscrito el Real Patronato, explicó entonces que el objetivo era acreditar el nivel de competencia de lengua de signos española. Con ello se podrá "ordenar y reconocer formalmente la lengua de signos como un idioma, a semejanza de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, con seis niveles de competencia lingüística: A1, A2, B1, B2, C1 y C2".

El ministerio de Bustinduy señaló que, hasta ahora, no existía un sistema estatal con validez en todo el territorio nacional y, de esta manera, cualquier persona sorda, sordociega u oyente podrá disponer de un diploma acreditable tanto para el acceso al empleo público como para su valoración como mérito profesional, académico o personal, en todas las edades y ámbitos.

El Real Patronato sobre Discapacidad será el organismo responsable de la organización de las pruebas y la dirección administrativa y económica de los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española y expedirá los diplomas.

Según subrayó Derechos Sociales, con la aprobación de este real decreto el Gobierno refuerza su compromiso con los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas, al tiempo que promueve la igualdad de trato, la participación y la inclusión social de las personas con discapacidad.

OFICINA ACCESIBLE

En paralelo, Derechos Sociales y Sanidad han impulsado la primera oficina de atención a la ciudadanía universalmente accesible, que será la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía y la Oficina de Registro del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y del Ministerio de Sanidad, que comparten sede en la calle Paseo del Prado.

La primera oficina de atención a la ciudadanía universalmente accesible ya es una realidad tras la implementación de una serie de mejoras en la señalética del espacio, con vinilos y carteles que incorporan pictogramas de señalización, colores y textos más asequibles para todas las personas.

Por último, también esta semana el ministro Pablo Bustinduy confirmó en una intervención en el Plano del Senado que la próxima convocatoria del Programa de ayudas al estudio Reina Letizia para la Inclusión “con plenas garantías, saldrá adelante” y su departamento contribuirá a la “consolidación de este programa”.

En este sentido, reivindicó la “promoción y mejora” de dicho programa, una iniciativa del Real Patronato sobre Discapacidad que, desde el año 2019, pone a disposición de estudiantes con discapacidad ayudas económicas directas para poder completar estudios no obligatorios, universitarios, doctorados, formación profesional y que permite sufragar gastos de asistencia personal, de intérpretes de lengua de signos, de guías-intérpretes, ayudas tecnológicas o ayudas a la movilidad.

“Un programa, por tanto, muy relevante, muy importante, que arrancó en el año 2019 con una dotación de un millón de euros y que, en su última edición del año 2025, contó con cinco millones de euros de financiación, lo que nos permitió apoyar en sus estudios a 1.113 personas, de las que un 53% eran mujeres, casi un 13% vivían en el medio rural, y también se incrementó la proporción de personas con trastornos del espectro autista o con grandes necesidades de apoyo”, apostilló.

Tras asegurar que se trata de un programa “muy valioso” que urgió a “consolidar”, Bustinduy señaló la necesidad de “seguir avanzando en el andamiaje constitucional del artículo 49”.

Por esta razón, conminó a todos los grupos parlamentarios a que voten favorablemente la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, en la que el Real Patronato está muy implicado y que, para Bustinduy, “supondrá un antes y un después para conseguir esa igualdad efectiva y remover todos los obstáculos que todavía siguen dificultando la vida de cuatro millones de compatriotas”.