Esta es una de las principales conclusiones de un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que se centra en analizar la situación de los autónomos societarios.

La base de cotización mínima para autónomos societarios en 2022 se establecía en 1.234,8 euros, que al bajarla a 1000 euros en 2023 la Seguridad Social ha dejado de ingresar casi 74 euros de cotización por cada uno de los 295.000 autónomos que han sido objeto de regularización a la baja.

En este sentido, ATA lleva tiempo denunciando el “perjuicio” y la desprotección derivados de la deficiente interpretación del proceso de regularización del nuevo sistema, que se produce sobre los autónomos colaboradores (familiares) y autónomos societarios que no han hecho declaración de la renta o no constan rendimientos, y que venían cotizando por una base superior a la que les correspondiese por sus rendimientos a 31 de diciembre de 2022.

REFORMA 2022

Sobre esta última circunstancia, la reforma del sistema de cotizaciones de autónomos aprobada en 2022 y pactada con ATA, UPTA y Uatae establecía que “los trabajadores por cuenta propia o autónomos que a 31 de diciembre de 2022 vinieren cotizando por una base de cotización superior a la que les correspondería por razón de sus rendimientos podrán mantener dicha base de cotización, o una inferior a esta, aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior a cualquiera de ellas”.

Con esta disposición se pretendía evitar el perjuicio sobre las pensiones futuras que supondría el nuevo sistema para aquellos autónomos que, cercanos a la edad de jubilación, venían cotizando por bases superiores a la mínima y a sus ingresos con el fin de acceder a mejores pensiones y coberturas, antes de su entrada en vigor en enero de 2023.

Al respecto, ATA señala que el mero anuncio de esta opción provocó que a diciembre de 2022, sólo el 46,4% de los autónomos (incluyendo societarios) cotizase por la base mínima, 18,3 puntos porcentuales menos que a diciembre de 2021, y que, por primera vez en la historia del RETA, el porcentaje de autónomos persona física cotizando por encima de la base mínima fuese superior al que cotizaban por esta.

COTIZACIÓN POR ENCIMA

De hecho, tal y como reflejan los resultados de la regularización del ejercicio 2023, la única finalizada hasta el momento, 729.320 autónomos tenían derecho al mantenimiento de sus bases anteriores superiores a sus ingresos y casi un 60% de ellos ejerció esta opción.

Por tanto, ATA indica que un número considerable de autónomos ya venía cotizando por encima de sus ingresos con el objetivo de acceder a una mayor protección social y mejorar la suficiencia de sus pensiones futuras.

En cambio, lamenta que la Seguridad Social no lo interpretara así para los familiares colaboradores y los autónomos societarios que no declararon ingresos o no constaban y, pese a que en la reforma de 2022 no consta una exclusión expresa de los mismos, consideró que debían atribuirles la base de 1.000 euros, causando para aquellos que ya cotizaban por bases superiores graves consecuencias en sus trayectorias de cotización y el cálculo de sus pensiones.

Asimismo, comenta que al perjuicio de encuadrar al colectivo objeto de este informe en una base inferior por la que venían muchos de ellos cotizando antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, hay que sumar que no ha habido actualización de esta base debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2024 y 2025, ni tampoco actualización con el IPC de las bases del 2022 para los autónomos que han mantenido éstas, con la previsible pérdida de poder adquisitivo en sus prestaciones y pensiones futuras.

“Esto supone que, al contrario del espíritu de la propia reforma que pretendía no penalizar a aquellos autónomos que con bajos ingresos deseaban mantener su base por encima de estos para acceder a una mejor protección social, lo que se produce es exactamente el efecto contrario, tanto en el corto como en el largo plazo, conllevando una merma evidente de su cobertura efectiva de la suficiencia futura de sus pensiones”, avisa ATA.

SIN DECLARAR RENDIMIENTOS

Por otra parte, el estudio apunta que 463.504 autónomos no declararon rendimientos en la regularización de 2023, 138.208 societarios y persona física, si bien, el porcentaje de los que no han presentado declaración de la renta solo asciende al 5,58% de estos y no constan rendimientos para el resto.

Los colectivos donde se concentra el mayor número de autónomos de los que no constan rendimientos son socios de sociedades de capital y laborales (115.987), familiares colaboradores (106.952) y resto de personas autónomas (207.457).

De los 463.504 autónomos que no declararon rendimientos o no constan, 295.109 han sido objeto de regularización por una base de 1.000 euros, de los cuales 138.208 eran societarios y 109.952 familiares colaboradores.

PERJUICIO A LAS MUJERES

A diciembre de 2023 había 183.855 familiares colaboradores afiliados de los que el 56% eran mujeres. La presencia femenina en el colectivo de colaboradores está casi 20 puntos por encima de la distribución general de la mujer, que es del 37% del total de autónomos.

Si se observan las bases por las que cotizan, el 97% lo hizo por una base superior a la mínima, estando 161.487 entre la mínima y 1,5 veces ésta (entre los 950,98 euros a 1.426,47 euros) y los autónomos que cotizan por bases superiores son 14.987.

En definitiva, ATA piensa que la exclusión de autónomos societarios y colaboradores sin rendimientos, de la posibilidad de conservar la base de 2022, no sólo causa un grave perjuicio para la protección del colectivo, sino que, además, incrementa le brecha de género en su cobertura efectiva presente y futura.