Lo testimonió la directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE y miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Natalia Guala Beathyate, quien participó en un acto organizado por la agencia de noticias Servimedia en el que se presentó el informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad. España 2024’, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Este encuentro, moderado el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, también contó con la participación del delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia; la delegada de la Fundación “la Caixa” en Madrid, Laura Llapart, y la comisionada de los Cermi Autonómicos, Teresa Palahí.

En su intervención, Natalia Guala Beathyate puso de manifiesto que las situaciones de emergencia y de riesgo humanitario “están siendo objeto de un comentario general” por parte del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que estará rematado a finales de 2026, en el cual se incluirá “la prevención y la gestión y la mitigación de situaciones de emergencia”.

A su juicio, el apagón de esta semana y anteriormente la pandemia, la erupción del volcán de La Palma o la borrasca Filomena atestiguaron “la necesidad de disponer” de una serie de protocolos que “permitan incorporar la prevención de las situaciones de emergencia”, concretando “cómo me debería comportar o qué herramientas debo utilizar, tanto yo como persona con discapacidad como el entorno y los equipos a nivel de emergencia”, con el objetivo de “saber cómo gestionar una situación de estas características”.

También ahondó en la necesidad de que estos protocolos se configuren con elementos de comunicación “en formatos accesibles” para que lleguen a todas las personas con discapacidad.

Del mismo modo, apuntó la conveniencia de que en el “restablecimiento de la normalidad” las personas con discapacidad cuenten con “medidas de apoyo” y con “ajustes razonables” a partir del “principio de accesibilidad, de igualdad y no discriminación”.

Desde el punto de vista de Natalia Guala Beathyate, resulta importante “trabajar en la prevención, para que no tengamos que lamentar no haber tenido la información, los protocolos activos para atender estas situaciones de emergencia”, las cuales “además de impactar desproporcionadamente en las personas con discapacidad también muchas veces generan situaciones de discapacidad sobrevenida”.

En la misma línea, Gregorio Saravia subrayó la conveniencia de que los protocolos de actuación en situaciones de emergencia sean inclusivos y rememoró cómo debido al apagón acompañó desde la sede del Cermi a una compañera con discapacidad intelectual que “vivía la situación con zozobra, con miedo y con susto porque era un cambio brusco en sus rutinas”.

Comentó que “todo lo que sea prevenir este tipo de situaciones y poner el conocimiento a disposición de quienes tienen que actuar profesionalmente en estos casos, es muy necesario”.

Por último, Teresa Palahí apuntó que estos protocolos deben diseñarse teniendo en cuenta el enfoque de género y discapacidad, ya que habitualmente se redactan “pensando en los hombres”.