A juicio del CERMI, la Ley del Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia anunciada por el Gobierno y pendiente de remisión a las Cortes Generales, debería ser el instrumento apropiado para dotarse de una legislación que proteja efectivamente los derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas.

El Comité advierte en una nota de prensa que numerosos estudios, datos e informaciones procedentes de Europa y Norteamérica revelan que las personas con discapacidad que viven en instituciones se ven más expuestas a sufrir violaciones de sus derechos humanos, "por lo que se hace necesario contar con una legislación vigorosa que evite situaciones de indefensión o abuso".

En España, el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia condenatoria contra un responsable de un centro por un delito de abusos sexuales continuados contra una mujer con discapacidad.

Países como Estados Unidos o Francia disponen de regulación para estos supuestos y en el ámbito de la Unión Europea son muchas las iniciativas que se desarrollan "para hacer visible la realidad de miles de personas con discapacidad que viven en instituciones y llamar la atención sobre su grado de protección jurídica", según señala el comunicado.