Así lo demandó en un comunicado emitido coincidiendo con el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre con el fin de abolir de manera universal la pena capital, que, según recordó, “aún es legal y se sigue aplicando en 83 países del mundo”, por lo que urgió a su “abolición inmediata” por su “carácter inhumano” y por “atentar contra los derechos fundamentales más básicos”.

La entidad quiso denunciar “especialmente” la situación existente en aquellos estados que aún aplican la pena de muerte por delitos relacionados con el consumo o tráfico de drogas y puso como ejemplo a Singapur, donde pidió “recientemente”, a través del Foro Europeo de Drogas en el que participa, la detención de la ejecución de un ciudadano de 46 años arrestado por consumo de drogas y condenado a pena de muerte por traficar con un kilo de cannabis.

“A este ejemplo se suman otros en lugares como Kuwait, donde se ha ahorcado a una persona por un delito relacionado con las drogas o Vietnam, donde en agosto de este año sentenciaron a pena de muerte a siete personas por un caso de tráfico de drogas”, apostilló.

NORMAS INTERNACIONALES

En este contexto, la UNAD advirtió de que las penas de muerte y las ejecuciones por delitos de drogas “contradicen las normas internacionales de derechos humanos y las de control internacional de drogas”, ya que “no se categorizan como ‘delitos más graves’ a los que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos limita la posibilidad de la pena capital”.

A este respecto, hizo hincapié en que, según la Estrategia de la Unión Europea contra las drogas 2021-2025, la “protección y promoción de los derechos humanos” es uno de los “objetivos específicos” de la acción exterior en materia de drogas, con "especial énfasis" en la denuncia de la pena de muerte por delitos de drogas.

En la misma línea, la red aseguró también que, en el ámbito estatal, la cárcel no es el lugar “idóneo” para “tratar” los problemas de las personas con adicciones, ya que, “en ocasiones” estos “se perpetúan o se agravan”, así como los delitos derivados de los mismos.

“Tenemos que avanzar hacia una sociedad más justa teniendo en cuenta las necesidades de las personas presas y los condicionantes que les influyen en la comisión del delito”, subrayó en este sentido la vicepresidenta de UNAD, Carmen Martínez, al tiempo que juzgó “urgente y necesario” dar pasos hacia una legislación “más moderna y flexible” de alternativas a la prisión, “especialmente” en relación con las infracciones penales no violentas y aquellas vinculadas a personas en situación de pobreza o con “dificultades” de inserción social.