En una nota, la RCADE califica de "inexplicable" esta resolución judicial y señala que atenta contra la libertad deexpresión.

Según esta asociación, el 26 de noviembre de 2000, un grupo de ciudadanos fueron víctimas de una carga policial cuando intentaban desplegar ante la Cámara baja unas pancartas que reclamaban el reconocimiento parlamentario de una consulta para la abolición de la deuda externa.

De las siete personas que fueron detenidas y acusadas de atentar contra la autoridad, sólo una llegó a juicio, siendo condenado a 2 años de cárcel y a pagar 1.262 euros.

AsimiSmo, RCADE asegura que el juez sóo aceptó dos testigos de la defensa y desestimó las imágenes filmadas por varias agencias en el momento de los hechos. Además, durante el juicio hubo agentes de policía que declararon no haber visto nada de lo que se les acusaba.