Dicho informe fue presentado este miércoles por Beatriz Corredor, presidenta no ejecutiva de Redeia, Roberto García Merino, CEO de Redeia, y Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, quien defendió que si se hubiera sustituido la central que se declaró indisponible para controlar la tensión también se hubiera producido el colapso.

“Había recursos suficientes para el control dinámico de la tensión”, defendió Sánchez, quien denunció también que la desconexión previa de centrales de producción en Badajoz y Granada no estuvo justificada puesto que los valores de tensión estuvieron en los rangos correctos hasta el momento del apagón.

En la misma línea, apuntó que se debe investigar el motivo por el que una central de producción de la provincia de Badajoz tuvo un comportamiento anómalo que provocó la oscilación forzada que tuvo lugar media hora antes del apagón y que contribuyó a la subida de la tensión.

Preguntada por la posible responsabilidad de Red Eléctrica por la programación, Corredor respondió que “no estamos para repartir responsabilidades ya que se trata de un análisis técnico realizado con la mayor transparencia”.

Además, en relación con su dimisión, se preguntó si “en el caso de que se determinara que hay una responsabilidad en otras casas (en referencia a las eléctricas) se le haría la misma pregunta al resto de presidentes”.

También valoró la “transparencia” de Red Eléctrica en todo el proceso de investigación y por no haber pedido que se oculte su nombre en los informes. Además, recordó que entregó su caja negra con información detallada cada 20 milisegundos. “No toda la información del resto de operadores ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario”, apostilló.

Por su parte, García Merino defendió que el informe “evidencia que Red Eléctrica en ningún momento ha incumplido un procedimiento o un aspecto normativo y que ha actuado de manera diligente”.