Así lo reivindicó en una declaración institucional difundida bajo el título 'Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Contra la pobreza laboral: trabajo decente' coincidiendo con la conmemoración, este jueves, del Día Internacional de las Personas Trabajadoras y en la que precisó que el trabajo remunerado y “en condiciones dignas” constituye “uno de los principales factores de protección social y una garantía de lucha frente a la pobreza y la exclusión”.

“Sin embargo, en las últimas décadas, especialmente desde la gran recesión de 2008, hemos asistido a un aumento preocupante de las tasas de pobreza laboral: millones de personas, pese a tener un trabajo remunerado, no disponen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas”, criticó, al tiempo que subrayó que, en 2024, la tasa de pobreza entre la población empleada fue del 11,7% y cerca de 2,5 millones de personas eran pobres pese a tener un empleo, según el Avance de Resultados del XV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de la propia EAPN.

Para la red, estas cifras vienen a “constatar” que la “intervención exclusiva” sobre el empleo “no es suficiente para garantizar la reducción de la pobreza, especialmente en el contexto actual donde los salarios no se han incrementado de forma proporcional a los costes de la vida”.

Según su punto de vista, la inflación y los precios de acceso a la vivienda y a la energía están “lastrando” la economía de los hogares y, pese a medidas “imprescindibles” como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, “es necesario avanzar aún más” en políticas que “mejoren” la calidad del empleo y las condiciones laborales y salariales de “los segmentos más empobrecidos de la población”.

PREOCUPANTE SITUACIÓN

“A esta preocupante situación se suma la tasa de temporalidad que, pese a situarse en mínimos históricos, todavía alcanza el 12,7% (según datos del INE en su última EPA de 2024). La duración media de los contratos sigue descendiendo, lo que indica una precarización estructural que afecta también a la contratación indefinida”, agregó, al tiempo que denunció que, según su XIV Informe, “tener unas condiciones laborales precarias multiplican por dos las posibilidades de caer en la pobreza”.

Tras lamentar que la brecha de género “sigue siendo una de las principales desigualdades del mercado laboral”, la red aseveró que a esto “se suman múltiples formas de discriminación que dificultan el acceso a un empleo digno”, como el origen, la etnia, la edad, la orientación o identidad sexual, la discapacidad, haber estado en prisión o residir en zonas rurales, entre otros factores, por lo que juzgó "imprescindible seguir apostando por políticas y medidas a favor de la igualdad de oportunidades y del derecho a un empleo digno, accesible y de calidad, especialmente para los colectivos prioritarios definidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo (artículo 50)”.

En este sentido, advirtió de que “combatir” el desempleo, la precariedad y la economía sumergida, así como facilitar el acceso a permisos de residencia y trabajo para personas migrantes “debe ser una prioridad para construir un mercado laboral justo”.

“El actual contexto internacional plantea amenazas para la recuperación económica y los valores democráticos y, frente a esta situación, exigimos a los poderes públicos y económicos una apuesta firme por el refuerzo de las políticas sociales y especialmente aquellas que promuevan el trabajo decente, la conciliación y la protección de las personas trabajadoras autónomas”, apostilló la red, convencida de que lograr un mercado laboral “justo, accesible e inclusivo” es “un paso imprescindible para consolidar un verdadero Estado del bienestar”.