Según explicó Igualdad, en la carta remitida este jueves, Redondo trasladó su “profunda preocupación” ante esta situación y cree que es una decisión de “enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático" destinado a combatir esta violencia.

El documento también se ha remitido a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, y cuestionó la cesión de estas políticas a una formación que “ha negado reiteradamente la existencia de la violencia de género”.

La ministra de Igualdad considera que la decisión transmite un mensaje de “falta de compromiso” con la protección de las víctimas de violencia machista y “puede además comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya finalidad es garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos”.

Por ello, Redondo solicitó al presidente de la Junta de Andalucía que reconsidere la decisión y retome la senda de “coherencia institucional”. Asimismo, afirmó en su carta que las mujeres andaluzas “no pueden convertirse en víctimas de segunda, ni ver debilitadas las políticas públicas destinadas a garantizar su seguridad, libertad y su derecho a vivir una vida libre de violencia”.

Al mismo tiempo, la ministra recordó en su carta que esto no puede suceder sobre todo “cuando las cifras de incidencia de la violencia de género en su comunidad son tan preocupantes”.

Por último, Igualdad mostró su disposición a mantener una colaboración institucional “leal y constructiva” con la Junta de Andalucía, que “garantice que ninguna mujer andaluza vea mermados sus derechos ni la protección que merece”.