Durante el debate para emitir dictamen, por el PP, la senadora Cristina Casanueva criticó que la ley “viene sin ningún tipo de presupuesto” y que su grupo ha “trabajado” para que “tuviese esa garantía para proteger los derechos a las personas con discapacidad y dependencia y, por, supuesto, apoyar a las familias”.

En este sentido, la formación de Feijóo presentó 45 enmiendas para, según Casanueva, “resolver los problemas reales que tienen las familias”, entre otras cuestiones, “garantizando” el “derecho económico” al “equipararse la dependencia y la discapacidad”, algo que, criticó, “el Gobierno no quiere”, porque “no se puede reconocer la dependencia y la discapacidad pero no a efecto retributivo, económico y tributario, que el Gobierno ahora mismo aparta”.

“Dejamos también muy clara la financiación del sistema de dependencia para asegurar que el Gobierno no vuelva a estar ocho años sin cumplir con su obligación en materia de dependencia”, abundó, al tiempo que defendió que, con sus enmiendas al texto, el PP ayuda a “avanzar en la capacidad capacidad de elección y libertad de las personas” al eliminar el carácter “prioritario” de las prestaciones y “defiende el mundo rural” para que las personas con discapacidad y en situación de dependencia que eligen vivir en él “puedan seguir haciéndolo”.

En paralelo, aspira a que las prestaciones y los permisos de cuidado de los niños con cáncer o enfermedad grave “se mantengan más allá de los 26 años” y a que se reconozca la escolarización hasta los 21 años, la libertad para que las familias puedan elegir centro y modelo educativo para sus hijos, así como a garantizar la adaptación y ajustes razonables en las oposiciones a personas con dificultades específicas del aprendizaje, con discapacidad de menos de un 33% y a bajar el IVA al 4% en las obras de rehabilitación y adecuación de vivienda habitual incluyendo elementos comunes del edificio, entre otros avances en materia de transporte, justicia, inteligencia artificial.

En el turno de portavoces, Bienvenido de Arriba destacó que la postura de su partido ante este proyecto “nace de la responsabilidad y del firme compromiso de fortalecer el Estado del bienestar” y denunció que, mientras “no se resuelva” la cuestión de la financiación “seguirá habiendo derechos reconocidos sobre el papel, pero inaccesibles en la vida real para miles de personas con discapacidad y en situación de dependencia”.

“Vuelven, señorías del Partido Socialista, a aplicar su doctrina favorita: yo invito y tú pagas. Y, una vez más, serán las comunidades autónomas las que tendrán que asumir la factura y garantizar, con recursos cada vez más limitados, la sostenibilidad del sistema”, sentenció.

PSOE

Por el PSOE, María del Lirio Martín explicó que las enmiendas de su formación pretenden “reforzar la claridad de la norma” así como “garantizar el avance en accesibilidad”, con el fin de que esta llegue también al ámbito audiovisual “de forma efectiva y realista”.

En este aspecto, puntualizó que una de las enmiendas aboga por la modificación de la exposición de motivos para que “refleje con precisión la estructura de la norma que estamos modificando” y otra urge a modificar el punto del articulado relacionado con la Ley General de Comunicación Audiovisual para “impulsar” la autorregulación y la corregulación en materia audiovisual para que la prestación de los servicios audiovisuales y en las comunicaciones comerciales, también de carácter audiovisual, se contemple la accesibilidad universal al servicio con objeto de elaborar unos códigos de conducta o los códigos éticos y de buen gobierno necesarios.

En la misma línea, en el turno de portavoces, Marta Arocha reivindicó que con la reforma el Gobierno amplía el servicio de ayuda a domicilio, incorpora en el catálogo de servicios y prestaciones el préstamo o la cesión temporal de productos de apoyo y elimina el régimen de incompatibilidades de prestaciones además de garantizar que el Estado asume el 50 % de la financiación de la dependencia.

Desde Vox, que presentó 20 enmiendas, Javier Valentín Alonso aseveró que, entre otros aspectos, estas buscan “garantizar la igualdad entre españoles, con independencia del lugar de España en el que vivan”, al entender que “una misma situación de dependencia no puede tener consecuencias diferentes según el código postal”. Por eso, proponen un régimen común de infracciones y sanciones, atención sanitaria en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, criterios y pautas comunes para valorar la dependencia y criterios generales para determinar la capacidad económica.

SUMAR

Desde Sumar, Carla Delgado puntualizó que “el gran logro general de esta ley, además de otros muchos específicos” es que las personas en situación de dependencia y con discapacidad “tengan derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciben” y que “se acaban los recortes” auspiciados por el último Gobierno del PP, además de que se eliminan incompatibilidades y la teleasistencia “deja de depender del código postal”. En paralelo, recordó que la atención temprana pasa a ser un derecho subjetivo, como la accesibilidad universal con esta ley.

Desde Junts, Francesc Xavier Ten recordó que su formación había presentado un paquete de 40 enmiendas que “afectan directamente” a la vida independiente, igualdad material, reducción de sobrecostes, reconocimiento de la cuidadora principal, jubilación anticipada, copago, vivienda accesible o deducciones fiscales, entre otros ámbitos y que, a su juicio, “tienen recorrido todavía” con el fin de “hacer una ley buena, robusta”.

Por ERC, Josep María Reniu lamentó, para el sistema, “el gran problema ha sido la ausencia del Estado en sus obligaciones para financiar todo lo vinculado a la Ley de Dependencia”, algo que se subsana con la reforma y defendió que sus enmiendas “amplían aún más los derechos y muestran bien claramente qué prioridades tienen el grupo mayoritario en esta Cámara”, en referencia al PP, y las de quienes trabajan “para la gente y no a golpe de titular”.

Desde el PNV, Nerea Ahedo subrayó que la “mayoría” de las nueve enmiendas que mantiene su grupo se corresponden con “peticiones y necesidades reales de personas y de colectivos” y dijo esperar que durante esta semana “puedan ser estudiadas nuevamente para su consideración”.

Por último, por Bildu, que presentó 15 enmiendas, Olaia Duarte detalló que iban “encaminadas” a reducir los copagos, reconocer las prestaciones económicas de la dependencia “desde el día de la solicitud” o incluir la compatibilidad de todos los servicios.