El texto, que contó con el visto bueno de los sindicatos CCOO y UGT y con el “frontal rechazo” de la CEOE tras una larga negociación pilotada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue aprobado vía real decreto ley en marzo y convalidado dos semanas después en el Pleno del Congreso de los Diputados con el apoyo de sus socios de investidura.

No obstante, dieron este respaldo a cambio de que el texto fuera tramitado como proyecto de ley para que se pudieran introducir enmiendas. Será este paso el que no pueda realizarse por la disolución de las Cortes Generales tras el adelanto electoral, por lo que la reforma de pensiones no sufrirá cambios con respecto a la redacción aprobada en Consejo de Ministros.

Con todo, aunque con algo más de dos meses de retraso sobre el plazo inicial comprometido con la Unión Europea en el marco de la recepción y despliegue de los fondos europeos Next Generation-EU, el Estado español ha logrado cumplir el hito de la reforma de pensiones, que formaba parte del Componente 30 del plan de recuperación.

La reforma recoge el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones más altas. Las primeras subirán con el IPC cada año añadiéndoles un 1,2% anualmente hasta 2050. Mientras, la pensión máxima también se revalorizará con el IPC, más el 0,115%. Esta herramienta aportará ingresos al sistema por valor de cuatro o cinco puntos del PIB, según las previsiones del Gobierno.

Asimismo, contiene la creación de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que queden por encima de la base máxima. Esta medida tendrá también un componente distributivo, se desplegará gradualmente, partiendo de cuotas de alrededor del 1% en 2025, hasta alcanzar valores alrededor del 6% en 2045.

Y también se refuerza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se dota de nuevos ingresos al fondo de reserva o ‘hucha’ de las pensiones. En concreto, a partir de 2024, crecerá una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029.

Más allá del capítulo de ingresos, la nueva norma establece un régimen dual del periodo de cómputo para los próximos 20 años, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen la más beneficiosa de estas posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses (2 años) peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026. Esto beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares.

De igual modo, se refuerzan las medidas para reducir la brecha de género en pensiones. Por un lado, el complemento de brecha se subirá en los dos próximos ejercicios (2024 y 2025) un 10% adicional al IPC. Por el otro, se mejora la cobertura de lagunas con enfoque especial para mujeres, de forma que se cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100% de la base mínima, frente a los cuatro actuales. El sexto y el séptimo año sin cotizar se cubrirá con un 80% de la base mínima, frente al 50% actual.

En cambio, no podrá entrar en vigor la nueva Ley de función pública, dado que no ha concluido la tramitación parlamentaria de este texto, que fue aprobado por el Gobierno de coalición como proyecto de ley.

VIVIENDA

Otro asunto que queda en entredicho con la convocatoria es una de las cuestiones más relevantes de la Ley de Vivienda, duramente tocada tras la debacle socialista del 28-M. La norma incluye condiciones para regular los contratos de alquiler en zonas tensionadas tanto a grandes tenedores como a nuevos contratos de pequeños propietarios de viviendas no alquiladas en los últimos cinco años.

Estos contratos tendrán que referenciarse a un índice de referencia que fue publicado hace pocos meses por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sus cifras datan del año 2021 al elaborarse principalmente con datos tributarios. Desde el Ministerio aseguraron que lo actualizarían durante estos meses por el decalaje que supone construirlo con datos tributarios y para que pueda tener en cuenta particularidades de los pisos como su estado de rehabilitación o sus condiciones de luz.

Por su parte, la línea de avales para cubrir un 20% de las hipotecas aprobado por el Gobierno está pendiente de concretarse con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), algo que, en principio, no prohíbe la norma electoral que disuelve las cortes generales.

CLIENTE FINANCIERO

Otra de las leyes de calado aprobadas por el Gobierno y que se queda sin ver la luz por la convocatoria electoral es el proyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Vio la luz en Consejo de Ministros el pasado 22 de noviembre, con la vista puesta en revisar su punto más polémico: la tasa de 250 euros por reclamación admitida. Tras superar la tramitación en el Congreso de los Diputados con 186 votos a favor, 47 en contra y 95 abstenciones, con la tasa retocada, estaba previsto que este jueves, el Senado la votara en comisión y previsiblemente diera su visto bueno.

Con la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes mañana, martes, esta iniciativa aprobada como proyecto de ley decae y, por tanto, queda sin aprobarse. Cabe recordar que esta ley forma parte de los hitos y objetivos a cumplir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos.

Por otra parte, en materia de energía, cabe recordar que el Gobierno ya anunció que tiene previsto llevar a Consejo de Ministros en junio la regulación de la nueva metodología de cálculo de la tarifa regulada de electricidad, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que podría ver la luz, pese a la convocatoria electoral.

Sin embargo, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que regula soluciones como los coches compartidos, el uso temporal de automóviles o el vehículo autónomo, así como modifica la Ley del Suelo para facilitar que se otorguen autorizaciones de rehabilitación urbanística, se encuentra tramitándose en el Congreso, por lo que decae con el adelanto electoral.