La llegada incontrolada de temporeros es fruto de errores de organización, según inicó el alcalde de la localidad, Francisco Huertas. Los trabajadores llegan esperando un puesto laboral que luego no existe realmente. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón se señala que el Ayuntamiento y la jueza de La Almunia contarán con toda la ayuda necesaria.

Recordamos que el pasado viernes la jueza de la localidad, Mercedes Terrer, ordenó el desalojo, aunque no forzoso, del grupo de 200 inmigrantes portugueses ubicados en la citada zona conocida como El Fuerte, debido a las quejas de los vcinos por problemas de salubridad, olores, incluso hurtos. Por el momento, los portugueses siguen en el campamento.

Juan José Rubio, secretario general de la Delegación del Gobierno, ha señalado que esta institución "prestará toda la ayuda que esté en sus manos. Rubio ha recordado que los portugueses acampados en La Almunia son ciudadanos comunitarios y que, por tanto, tienen derecho a permanecer en España.

El alcalde de la Almunia pidió ayer una reunión con la Junta Local de Seguridad para ponersolución a la situación de hacinamiento de inmigrantes temporeros antes de que ocurra lo que pasó el último verano en la localidad oscense de Fraga, donde un grupo de vecinos apalearon a un colectivo de magrebíes ante los numerosos hurtos y el malestar existente en la localidad por su presencia.

Pero Juan José Rubio dijo hoy que la situación no es para tanto, "no es como para que se celebre esa reunión, es una situación de normalidad".

Según los datos de la Dirección Provincial de Trabajo, este ao no será necesario contratar mano de obra extra para la recogida de la fruta en la provincia de Zaragoza. Con los trabajadores españoles y los inmigrantes legalizados es suficiente, por ello se pondrá especial cuidado desde la Administración en que se cumplan las normas de contratación.

Los empresarios que contraten ilegalmente serán tratados con mano dura, según han explicado el director provincial de Trabajo, José Luis Martínez, y el secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón. La mao dura se reflejará en multas de 500.000 pesetas por cada trabajador que no cumpla los requisitos exigidos, y podrá llegar hasta varios millones de pesetas en caso de accidente laboral, como ocurriera el pasado año a un agricultor de Cariñena.

El pasado año se multiplicó por cinco la contratación legal. Se insiste desde la Administración que la oferta de trabajo es limitada, sólo se puede admitir la inmigración a la que se pueda integrar laboral y socialmente.