Así lo desvela un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este viernes y según el cual sólo el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España, 645.317 personas, se beneficia de estas RMI y el número de beneficiarios descendió en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020, tal y como precisó la organización en un comunicado.

Por regiones, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura bajaron el año pasado sus presupuestos en torno al 50% o más y la entidad exigió que, como ya ha hecho alguna, las comunidades destinen el "ahorro" que ha supuesto la implantación del IMV a “reforzar” sus programas de inclusión social que, “entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas”.

Por regiones, Castilla-La Mancha registró el mayor descenso porcentual de su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (66,7%) y, según la asociación, en esta región, al igual que ocurriría en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura, las RMI “están siendo substituidas por el IMV".

Su situación “contrasta”, según la entidad, con la de regiones como la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, en las que se han “reforzado” como “complemento” del IMV, con incrementos presupuestarios que, en los dos primeros casos, “superan” el 60%.

Por lo que respecta a la evolución del número de perceptores, el informe revela que “las mismas comunidades que han reducido su gasto, reducen significativamente el número de personas beneficiarias”, que es de hasta un 73% en Castilla-La Mancha, en “contraste” con el incremento del 121% en la Comunidad Valenciana.

Navarra y País Vasco “destacan” con “elevados” porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, con un 75,8% en Navarra y un 55,8% en el País Vasco. Por el contrario, con un 0,6%, en Castilla-La Mancha "se confirma la extinción de estas RMI”, según lamentó la asociación, para subrayar que la cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar.

Una cuantía que juzgó “extremadamente baja” y que, criticó, “se ha reducido más de un punto desde 2019”, cuando se situaba en un 17,1% de la renta media por hogar.

A este respecto, según el informe, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias están “por encima de la media”, mientras en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI “ni siquiera alcanza el 10% de la renta media por hogar”.

A juicio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos ponen de manifiesto que “muchas” comunidades “han desmantelado o están desmantelando” su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social.

“Porque el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía, resulta a todas luces insuficiente. Pero no es lo mismo pobreza que exclusión social”, expresó la entidad, para recalcar que pobreza “es solo carencia material”. “La exclusión social se debe, en palabras del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, a la acumulación de vulnerabilidades y la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación, viéndose seriamente limitado el ejercicio de sus derechos”, sentenció.

En este punto, la asociación recordó que la “finalidad” de las RMI es “facilitar la inclusión social”, por lo que, a su entender, “deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional”.