En una entrevista en Servimedia, Jiménez explicó que el 90% de los españoles mayores de 65 años posee una vivienda. En ese contexto, surgen instrumentos de licuación patrimonial como la nuda propiedad con reserva de usufructo -se vende la propiedad pero se puede seguir habitando en ella hasta el fallecimiento- o la hipoteca inversa -el propietario obtiene un dinero usando el valor de su vivienda habitual como garantía, sin tener que abandonarla, y la deuda se liquida al fallecer el titular, momento en el que los herederos la saldan o entregan la propiedad a la entidad-.

En este contexto, el Colegio de Registradores promueve instrumentos como Jubilare, una iniciativa cuyo objetivo principal es abordar los desafíos del envejecimiento poblacional. "Esta iniciativas no solamente nos acercan a la ciudadanía sino que nos permiten dar una información veraz y contribuir a la mejora de la información y de las posibilidades que tienen las personas de edad avanzada", apuntó Jiménez, quien también explicó que el Colegio, a través de la Vocalía de Responsabilidad Social Corporativa o la propia Vocalía de Relaciones Institucionales o con el Foro Discapacidad y Justicia, realiza un trabajo "extraordinario".

OKUPACIÓN

Por otra parte, afirmó que la vivienda "toca muy de cerca" al colectivo de registradores, que está "en el centro del mercado inmobiliario". En este sentido, al ser preguntada sobre uno de los temas más en boga en el mercado inmobiliario como es la okupación, afirmó que se trata de un problema "gravísimo", con "muchísimas consecuencias".

La decana, quien explicó que su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada versó sobre dicho fenómeno, explicó que se trata de un problema "grave y complejo" y destacó que los registradores pueden ofrecer al propietario, en caso de okupación, una certificación que le permitirá acreditar de manera inmediata la propiedad de su vivienda.

También explicó que, en el caso de que la vivienda ya haya sido okupada, los registradores pueden ayudar a agilizar la adopción de medidas cautelares si reclama judicialmente, de tal manera que constará judicialmente que ha realizado en el Registro de la Propiedad una reclamación.

"En este sentido estamos siempre en contacto con la Fiscalía General del Estado y con los órganos judiciales para, en la medida de nuestras posibilidades, colaborar y evitar un problema que tiene consecuencias gravísimas", señaló Jiménez, quien indicó que estas consecuencias no solamente son económicas o de vivienda, sino también sociales.

BLANQUEO

Por último, la decana de los registradores explicó cómo el colectivo trabaja con codo con codo con distintas instituciones para detectar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Jiménez señaló que los registradores tienen una posición estratégica para detectar anomalías a través de los modelos de los depósitos de cuenta y de la información contable. Con estos datos, el Registro Mercantil creó en 2018 el Registro de Titularidades Reales, en el cual se puede conocer con absoluta transparencia cuáles son los propietarios y las personas físicas que están detrás de las sociedades mercantiles.

Por último, explicó que este trabajo se complementa con las alertas que desde los Registros de la Propiedad se suministran al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que analiza dichas alertas y en caso de que detecte alguna anomalía la pone en conocimiento del Banco de España.