El Gobierno aprobó el 25 de agosto la norma vía real decreto-ley tras dos años de negociaciones parlamentarias para intentar sacar adelante la medida vía proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de los principales representantes del sector de las relaciones institucionales. Pero los reales decretos-ley requieren de ser convalidados en el Congreso antes de 30 días de su aprobación en Consejo de Ministros y, de no superarse este trámite, dejan de estar en vigor.

En la defensa del texto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, indicó que, con esta norma, se atiende la necesidad de reforzar la “transparencia” y añadió que “sería difícil de comprender” y “explicar” que el Gobierno no eleve “los controles” sobre el propio Ejecutivo.

Salió al paso de las críticas de los sindicatos y de la patronal, que han denunciado que se verían obligados con esta ley a registrarse como grupos de interés, dado que su papel está recogido en la Constitución. En todo caso, avanzó que, por si queda “alguna duda”, adquirió el “compromiso” de clarificar en un nuevo real decreto-ley, antes de que acabe octubre, que el diálogo social, “obviamente”, queda fuera de la consideración de lobby.

También afirmó que el PP está a favor de esta norma en Europa y que, según López, los ‘populares’ han dicho que si gobernaran “harían la misma ley”. “Un poquito de política para adultos”, recetó el ministro.

En su alocución, pidió que “se piensen bien” el voto los grupos, porque no proponen “ninguna alternativa”, y expuso que la norma ya está en vigor hace dos semanas, en las que se han registrado más de 3.000 consultas y 300 peticiones de inscripciones en el registro. “Les pido que , por favor, no perdamos esta oportunidad”, imploró.

Desde el socio minoritario del Gobierno de coalición, el diputado de Sumar Carlos Martín recalcó la exigencia de que se especifique que los agentes sociales quedan fuera de la consideración de lobbies. “Es un dislate no proteger su tarea constitucional, porque son fundamento para que nuestro mercado de trabajo funcione bien. El real decreto está peor escrito en ese apartado que el proyecto inicial que recibió esta Cámara”, afeó, aunque agradeció el compromiso de López para “enmendarlo”.

DEJADEZ

En la oposición, la diputada del PP Edurne Uriarte reconoció que se debe regular con transparencia la labor de los grupos de interés, aunque deploró que se haya sustituido un proyecto de ley por un real decreto, alegando que “hay urgencia”, cuando el Ejecutivo ha incurrido en más de 500 días de “dejadez”.

Asimismo, se cuestionó si es fiable un ministro como López, quien ha avisado de que en la justicia hay “lobos solitarios” para hacer política contra el Gobierno, lo que para esta diputada ‘popular’ es como decir que en la judicatura hay “terroristas”. Sacó también a colación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien calificó de “comisionista” y no de “lobbista”.

Contra la norma también se pronunció el diputado de Vox Emilio del Valle, quien habló de “poca vergüenza” del Gobierno por perpetrar un “atentado a la separación de poderes”, pues “normaliza el decreto-ley como atajo” cuando no suman los votos. “Es una forma ingeniosa de resolver la falta de consenso”, denunció.

En el mismo sentido, el diputado de Junts Josep Pagès avisó de que la ley no tiene el apoyo de su formación, ya que la respaldan las grandes corporaciones y grupos de interés, mientras las “cargas burocráticas” no podrán soportarlas en igualdad de condiciones las pequeñas y medianas empresas y organizaciones. “No son cargas exigibles a nadie que, ocasionalmente y no remunerada, tenga que relacionarse con la Administración, porque tiene un efecto disuasorio y salen ganando las grandes empresas, que dedican millones de euros para influir”, apuntaló.

Afeó también el texto el PNV por el hecho de que el Gobierno haya “mutado” el proyecto de ley a real decreto-ley, yendo “a máximos”, lo que “dificulta” el voto favorable de la formación vasca.

Por otra parte, con matices y algunas críticas, se mostraron a favor del texto Compromís, el BNG y Esquerra Republicana de Cataluña. El más favorable a la norma de los socios parlamentarios del Gobierno fue Bildu, cuyo portavoz, Óscar Matute, señaló que la norma es positiva, lo que explica la “airada reacción” del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazando con “romper relaciones” con el Gobierno por añadir “transparencia” con determinadas formaciones políticas.

REGISTRO OBLIGATORIO

El real decreto establece la creación de un Registro de grupos de interés de la Administración General del Estado y su sector público institucional, cuya finalidad es garantizar la transparencia y la integridad de las actividades que desarrollan dichos grupos en sus relaciones con el personal y/o cargo público susceptible de recibir influencia.

La inscripción en el registro de lobbies tendrá carácter obligatorio. Será gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que será responsable de su gobernanza y gestión. Los datos que contenga el Registro de grupos de interés deberán estar disponibles y accesibles a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado y del sitio web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El Registro de grupos de interés será de carácter público, gratuito, electrónico, y contendrá información sobre las personas que ejercen la actividad de influencia (incluyendo de manera específica aquéllas que hayan desempeñado puestos o cargos públicos durante los últimos cinco años desde el momento de la inscripción del grupo en el registro), así como su domicilio o sede social, la identificación del grupo de interés y de sus representantes, la actividad desarrollada y las fuentes de financiación, entre otros. Este registro de la Administración del Estado se va a poder conectar con el de las comunidades autónomas y entidades locales que ya lo tienen y con el de Transparencia de la UE.

El órgano competente para la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que afecten a los grupos de interés será igualmente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Por su parte, el personal público susceptible de influencia estará obligado a hacer públicas en el Portal de la Transparencia, en el plazo de un mes desde su celebración, todas las reuniones y contactos que mantengan con grupos de interés inscritos en el registro.