Rego hizo estas declaraciones en el Pleno del Senado tras una pregunta de la senadora del Partido Popular Miriam Bravo, que le pidió explicar qué medidas ha tomado o determinado el Gobierno para la reagrupación familiar de menores con “perfiles conflictivos”.

La ministra aseguró que el Ejecutivo está atendiendo “las peticiones individualizadas” y siendo “muy exigente con el cumplimiento de los procedimientos”, y recomendó a Bravo que consultara con la consejera de la Comunidad de Madrid las comunicaciones remitidas por el delegado del Gobierno, en las que, según explicó, se detallan “los procedimientos en marcha” y “el grado de cumplimiento”.

Rego sostuvo que durante los dos últimos años y medio el Gobierno ha realizado un “trabajo de cuidado”, “pormenorizado” y de coordinación con las comunidades autónomas, pero afirmó que se ha encontrado “de manera sistemática” con “el bloqueo y con la negativa del Partido Popular, absoluto bloqueo y negativa”.

En este sentido, reprochó al PP que haya votado en contra de órdenes del día de las conferencias sectoriales de infancia y que tres comunidades autónomas gobernadas por este partido hayan votado en contra de consignar 25 millones de euros para la atención de la infancia en Ceuta. También le acusó de "negarse a acoger niños en aplicación del real decreto de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería".

“Ustedes tienen un discurso racista, racista y criminalizador de la infancia migrante no acompañada. Lecciones, las justas”, espetó Rego, quien añadió que los populares están “bloqueando cualquier política activa de protección a la infancia”.

La ministra reivindicó que el Ejecutivo ha velado por el cumplimiento del “ordenamiento jurídico vigente” y por “el interés superior del menor”. Asimismo, rechazó “fórmulas racistas de devolución masiva de niños sin garantías”.

Por su parte, Bravo acusó al Gobierno de no haber iniciado ninguno de los 134 procedimientos reclamados por la Comunidad de Madrid hasta el 7 de septiembre y exigió el Ejecutivo "dejar de improvisar, garantizar una respuesta humana, individualizada y centrada en el interés superior de cada menor y devolverlos a su familia".

"Dejen de utilizar a los menores como arma política, escuchen a los profesionales y actúen con humanidad", concluyó la senadora.