Así se manifestó la titular de Infancia durante una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Servimedia, en la que aseguró que ya ha "tanteado" a algún partido político para lograr su apoyo de cara a la próxima tramitación de la reforma de la Lopivi con la que Infancia quiere garantizar el derecho a la escucha de los niños y niñas en los procesos administrativos y judiciales sin límite de edad, eliminando el tope actual de 12 años a partir de los cuales es obligatorio que la Justicia tenga en cuenta la opinión de los menores.

Eso sí, Rego explicó que antes de eso, la ampliación de la norma en la que el Ministerio lleva trabajando un año debe pasar por el Consejo de Ministros, y aunque dijo que Infancia se ha coordinado con Igualdad para la elaboración de esta propuesta, fuentes del Ministerio explicaron que todavía es necesaria "cierta negociación" con los ministerios de Igualdad y Justicia. Aún así, la titular de Juventud se mostró positiva ante la posibilidad de que esta reforma concite "cierto consenso" en el Congreso "porque es un tema preocupante".

DATOS DE VIOLENCIA SOBRE LA INFANCIA

En este sentido, Rego también avanzó que la próxima semana se dará a conocer los datos del informe sobre violencia a la infancia que, según dijo, servirán para poner encima de la mesa la necesidad de "reforzar algunos de los mecanismos de los que ya disponemos, que son buenos mecanismos, pero que requieren algún ajuste extraordinario", y que han motivado la reforma legislativa de la Lopivi, una norma que se aprobó hace solo cuatro años.

"Hemos estudiado todos los tipos de violencia que sufren las infancias en nuestro país, son preocupantes y requieren que haya un un acuerdo, un acuerdo de país", aseveró, "hay que poner instrumentos para resolverlo".

Entre las medidas que incorpora el borrador está la creación de la figura del 'abogado del menor' para defender el interés superior de los niños, que vendrá a sustituir al denominado defensor judicial que los expertos han considerado insuficiente.

Con esta reforma, el Ministerio quiere incorporar una perspectiva de infancia en el sistema judicial, que también reforzará con un futuro Plan Director en el que se recogerá la formación especializada que deberá tener todo el personal que tenga contacto con menores.