Así lo manifestó durante la entrevista en TVE, en la que dijo que al PP “le toca hablar de las soluciones” y que, pese a que puede realizar “análisis legítimos” sobre lo sucedido, también debería existir la posibilidad de “discrepar incluso en torno a las soluciones”. Rego recordó que los populares gobiernan en numerosas comunidades autónomas..

La ministra explicó que el Gobierno ha habilitado ya 500 plazas en la Península para estos menores y que, una vez realizadas las entrevistas necesarias para cumplir con el marco jurídico vigente, los traslados podrían efectuarse “en tres semanas" o "en un mes como máximo”.

Rego recordó que desde el año pasado se han trasladado a la Península unos 700 niños y niñas no acompañados y valoró como “una muy buena noticia” que Navarra haya anunciado la acogida de cinco niñas de Ceuta mediante un acuerdo bilateral entre comunidades autónomas. A su juicio, esta decisión demuestra que los traslados “son posibles” y que también dependen de los gobiernos autonómicos.

DESEO DE VOLVER A MARRUECOS

En relación con los menores que podrían regresar con sus familias a territorio marroquí, indicó que el Gobierno está realizando entrevistas individualizadas para determinar cada caso y comprobar si existe una estructura familiar para el retorno. La ministra señaló que actualmente se trata de una “minoría de casos” y explicó que algunas niñas huyen de “situaciones terribles, de matrimonios forzados y de violencias sexuales”, por lo que el retorno no siempre es posible.

Sobre los plazos, Rego manifestgó que el regreso con las familias puede requerir, “como mínimo meses”, debido a las actuaciones previas y a la respuesta del país de origen. Por ello, defendió que los menores sean trasladados a la Península mientras se desarrollan estos procedimientos, ya que Ceuta es “un territorio limitado" y "muy tensionado” y las mismas garantías jurídicas pueden aplicarse en cualquier comunidad autónoma.

Respecto a la posibilidad de trasladar a un menor a un centro tutelado en Marruecos cuando no se encuentre a su familia, la ministra de Juventud e Infancia subrayó que ese centro debe garantizar los derechos del niño y que debe preservarse “el interés superior del menor” y añadió que, si el menor no quiere regresar, puede ser necesaria una resolución judicial, ya que estos procedimientos deben desarrollarse conforme al “marco jurídico vigente que protege a la infancia en nuestro país, independientemente del origen”.