Así lo señaló Rego en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó en primera vuelta la ampliación de la Lopivi, en vigor desde 2021. La reforma de la norma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, garantizará el derecho a la escucha de niños y niñas. De este modo, se establece la obligatoriedad de contar con su testimonio en los procedimientos judiciales y administrativos que les afecten, independientemente de su edad.

Rego recordó que “durante años se ha dudado de la palabra de niños, niñas y adolescentes y se ha criminalizado a las madres protectoras”, y recalcó que la ampliación de la norma “pone el acento en el buen trato hacia las infancias”.

La ampliación de la esta ley refuerza el interés superior del menor, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege el bienestar físico, emocional y psicológico de niños y niñas.

En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor su alejamiento de aquella persona que le violente. “Estar con un agresor o presunto agresor no puede considerarse interés superior del menor. Un maltratador no es un buen padre”, subrayó la ministra.

Asimismo, el nuevo texto prohíbe de manera expresa el llamado 'síndrome de alienación parental' (SAP) junto con cualquier reformulación o planteamiento pseudocientífico. Por tanto, ningún informe público o privado basado en el SAP podrá ser utilizado en procedimientos judiciales o administrativos y las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas. “Se acabó la utilización de una herramienta que ha servido para desacreditar y criminalizar a las madres protectoras y a las infancias”, sentenció Rego.

Entre las novedades, la reforma contempla también el endurecimiento de los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será obligatorio para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia.

La ministra Rego afirmó que “esta ley viene a garantizar que los niños y las niñas sean sujetos de derechos en nuestro país, no ciudadanía en espera”. Asimismo, advirtió que el texto “nace de años de lucha” y quiso agradecer el empuje de “profesionales y asociaciones que trabajan con las infancias, niños y niñas que han compartido sus testimonios y han reclamado que se garanticen sus derechos, el movimiento feminista y las madres protectoras”.

VIOLENCIA HACIA LAS INFANCIAS

El Consejo de Ministros aprobó también el informe de la Estrategia de Erradicación de la Violencia hacia las Infancias relativo a los años 2023 y 2024. Según Rego, el informe indica que el 90% de las medidas ya están en marcha y “muestra avances importantes, pero también nos señala con claridad dificultades como las desigualdades territoriales, la falta de especialización en la judicatura o la necesidad de mejorar la coordinación y los sistemas de datos”.

En este sentido, la titular de Juventud e Infancia señaló que la ampliación de la Lopivi da respuesta a las necesarias mejoras en “la prevención de la violencia hacia las infancias y en la reparación de las víctimas”. De este modo, Rego destacó que “se agiliza el reconocimiento de la condición de víctima de violencia durante la infancia, se refuerza la formación de todos y todas las profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes a través de un Plan Director de Formación, y se mejora el acceso a la justicia con la creación de turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia”.

Rego hizo referencia a la macroencuesta que Juventud e Infancia presentó sobre ‘Prevalencia de la violencia hacia las infancias’: “Francamente, da unos datos bastante dolorosos en relación al impacto de las violencias hacia la infancia en nuestro país y nos dice que casi la mitad de las personas encuestadas indicaba que ha sufrido violencia psicológica durante la infancia; cuatro de cada diez, violencia física; y casi tres de cada diez, violencia sexual”.

En última instancia, la ministra destacó que la Dirección General de Infancia, en colaboración con las administraciones competentes, tendrá capacidad de intervención directa ante casos de desprotección grave de las personas menores de edad.