Rego hizo estas declaraciones tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves en el Ministerio de Política Territorial, un día después de denunciar ante la Fiscalía al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, por una posible vulneración de los derechos de los menores afectados por el desalojo ejecutado en el distrito madrileño de Moratalaz.

La ministra sostuvo que el desahucio “podría y debería haberse suspendido” porque existían “elementos objetivos” para hacerlo, entre ellos “un fallo de un juez que pedía que hubiera garantías de alternativa habitacional y garantías, sobre todo, que no vulneraran los derechos de esos niños y esas niñas”, además de una comunicación del Comité de Derechos del Niño de la ONU para proteger a la familia.

Asimismo, explicó que intentó mediar con la Comunidad de Madrid y lamentó que no hubiera “voluntad” para paralizar el desahucio al menos hasta valorar la situación de la familia y el dictamen del Comité de Derechos del Niño. Además, criticó que responsables del Ejecutivo autonómico le trasladaran que los criterios de ese órgano de Naciones Unidas “no son vinculantes”, una afirmación que, según dijo, le dejó “francamente sorprendida”.

Rego recordó que el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Fiscalía que investigue y aclare “si ha habido vulneración de derechos fundamentales y del interés superior de la infancia en este caso”, al considerar que no se garantizó la protección de los menores afectados por el desalojo.

La ministra aseguró no entender "en qué mundo cabe que teniendo un parque de vivienda pública haya una familia que termine en la calle desahuciada con cinco hijos y con una persona menor de edad con una discapacidad” , además de tampoco comprender que no se haga "todo lo posible" para que "esa gente no termine en la calle”.

Por último, defendió que este caso refleja “el dolor de lo que provoca la política cuando la política no está para atender las necesidades de la gente” y acusó a la Comunidad de Madrid de desarrollar “una política pública absolutamente deshumanizadora que no se hace cargo de la gente y de la gente más vulnerable”.

Rego concluyó calificando lo ocurrido de “una vergüenza” y reiteró que las administraciones públicas deben priorizar el interés superior de la infancia, especialmente cuando están implicados menores de edad en situación de especial vulnerabilidad.