Los expedientes aprobados por la autoridad laboral fueron 1.100, que supusieron la extinción de la relación laboral para 5.604 trabajadores, la suspensión temporal para 17.553 y la reducción forzosa de jornada para otros 3.686.

De los trabajadores afectados, 23.461 son varones y 3.382 mujeres. Por sectores, 3.477 estaban empleados en el agrícola, 20.390 en el industrial, 194 en la construcción y 2.782 en los servicios.

Las cusas más frecuentemente alegadas por las empresas al presentar los expedientes de regulación de empleo fueron los problemas de tesorería y financiación, la fuerza mayor y la restricción de la demanda.

Por comunidades autónomas, el mayor número de trabajadores afectados por los expedientes estaba empleado en el País Vasco (6.349), seguido de Cataluña (4.196), Galicia (3.069) y Castilla y León (2.317).

A continuación figuran Cantabria (2.005), Madrid (1.792), Valencia (1.504), Asturias (1.417), Andlucía (1.068), Castilla La Mancha (638), Extremadura (575), Canarias (562), Aragón (440), La Rioja (346), Murcia (335), Navarra (180), y Baleares (50).