Así lo manifestaron en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados varios representantes de ‘Regularización Ya’, entidad promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes que se retoma con el real decreto aprobado y que estaba estancada desde hace meses en el Parlamento tras estar respaldada por más de 700.000 firmas.

Entre los representantes de la organización estuvieron Edith Espínola y Silvana Cabrera, quienes aseguraron que esta iniciativa aprobada este martes por el Consejo de Ministros supone un “avance importantísimo” en la democracia española y un “paso más” para “dignificar los derechos” de los inmigrantes.

No obstante, el movimiento lamentó que esta regularización extraordinaria “no alcanza el nivel de ambición de la ILP” porque esta última planteaba una regularización “más amplia, permanente y estructural, capaz de acabar de raíz con la producción de irregularidad administrativa”.

Así ‘Regularización Ya’ seguirá “vigilante” para que la aplicación del real decreto sea “ágil, garantista y accesible”, y continuará “luchando hasta que ninguna persona vea sus derechos condicionados por su situación administrativa”.

De este modo, los representantes manifestaron que “sin regularización no hay derechos, y sin derechos, no hay democracia”.

El proceso para las regularizaciones comenzará en abril, hasta el próximo 30 de junio, y se dirige a solicitantes de asilo en España que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y quienes acrediten un mínimo de cinco meses en España desde antes de esa fecha.

‘Regularización Ya’ aclaró que, para los solicitantes de asilo, no será necesario renunciar a la solicitud de protección internacional, sino que se podrá solicitar simultáneamente esta regularización extraordinaria mientras se resuelve la solicitud de asilo.

Otro de los requisitos para los solicitantes será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Los solicitantes deberán acreditar la permanencia en España con cualquier documento público, privado o ambos, tales como contratos trabajo, alquiler o informes sanitarios. La autorización por la que se les regularizará será de residencia con permiso de trabajo, válida en toda España y cualquier sector.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Además, se protegerá la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos menores de los solicitantes que ya estén en España. En este caso, su vigencia será de cinco años.