El "cambio de hora" comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojs para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación.

Esta cambio horario se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años. Este año entró en vigor, con carácter indefinido, la novena directiva, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión en enero de 2001 e incorporada al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo.

La principal novedad de esta novena directiva es precisamene el carácter indefinido de la aplicación del cambio de hora, al entender que "el buen funcionamiento de algunos sectores, no sólo el de los transportes y las comunicaciones, sino también otros ramos de la industria, requiere una programación estable a largo plazo".

La aprobación de la novena directiva, que consagra la medida del cambio, está avalada por las conclusiones de un nuevo estudio sobre su alcance y efectos. Ese estudio, realizado por encargo de la Comisión, por la consultora Research Voor Bleid Int., fue presentado al Parlamento en 1999.

Tras analizar exhaustivamente las repercusiones de la medida, abarcando aspectos que van desde el ahorro, la salud, condiciones de trabajo, modos de vida, entre otras cuestiones, el estudio concluye con un balance positivo, tanto en lo que se refiere al ahorro de energía como a las industrias del ocio, turismo y salud pública, en cuanto a que los largos atardeceres fomentan el deporte y otras actividades al aire libre.

Según estimaciones del Institto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en nuestro país el ahorro en iluminación en el sector doméstico, por el cambio de hora, durante los meses que este tiene efecto, es decir, desde final de marzo hasta final de octubre, puede representar un 5%. Si el consumo medio de una familia española es de 3.200 kilovatios hora, el ahorro sería de más de 6 euros por hogar y más de 60 millones de euros para el conjunto de ellos.