“La política de movilidad debe centrarse en un objetivo claro: reducir el uso del coche y fomentar el transporte público, sin discriminar por el lugar de empadronamiento”, sostiene Renfe en un comunicado. Además, la compañía denuncia que esta decisión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ha adoptado sin información ni consulta previa, al margen de los mecanismos de coordinación institucional. Por ello, solicitará de manera inmediata la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento para analizar sus consecuencias..

A este respecto, Renfe subraya que esta forma de proceder vulnera los principios de cooperación y cogobernanza que deben regir la gestión del sistema de transporte público, especialmente cuando están en juego aspectos clave como el equilibrio financiero y operativo, e insiste en que no se pueden adoptar decisiones de este impacto sin contar con todos los actores implicados.

De igual forma, considera que “esta decisión puede generar desigualdades en el acceso al transporte público, afectar a la cohesión social y territorial y alejarse del principio de igualdad que debe regir cualquier servicio público”.

En este sentido, recuerda que sus títulos de transporte ofrecen distintas opciones sin necesidad de justificar el empadronamiento a diferencia de los nuevos requisitos que exige la Comunidad de Madrid para la tarjeta de transporte.