La ministra de Justicia, Pilar Llop, expuso en la rueda de prensa posterior al Consejo el llamado Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, que traspone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.

Llop contrastó que la corrupción es “una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía” con el hecho de que hay “un número muy bajo de condenas”, y se conjuró para proteger a las personas que informan de actuaciones de corrupción, fraude, violación de leyes o de normas de derecho interno.

Además, avanzó que se establecerá un canal externo en forma de autoridad independiente, y otro interno, y la prohibición, con sanciones “de hasta un millón de euros”, de “cualquier represalia contra las personas informantes”, porque “el Estado tiene la obligación de proteger a estas personas”.