Fuentes de la compañía indicaron que el asunto está siendo analizado por sus equipos jurídicos, y no descartaron la posibilidad de un recurso contra la acusación de prácticas anticompetitivas.

Dichas prácticas, según los tribunales argentinos, consisten en haber vendido hidrocarburos, fundamentalmente GLP'S (butano y propano), a otros operadores exteriores a precios inferiores a os que la propia YPF estaba ofertando en el mercado argentino.

La dirección de Repsol hizo hincapié en que se trata de supuestas operaciones realizadas entre 1993 y 1997, por lo que en ningún caso pueden ser imputadas a la gestión iniciada por la compra de la petrolera argentina, que ocurrió con posterioridad.